Los subsidios
económicos del Gobierno a los agricultores contribuyen a que aumente
la migración legal e ilegal de trabajadores del campo a Estados
Unidos, reveló un estudio publicado el martes por la Universidad Estatal
de Carolina del Norte.

El informe, realizado por el doctor Robert
Peace, profesor de
contabilidad de la prestigiosa universidad, además resalta que las
autoridades federales deben hacer un "mejor trabajo" para que se
cumplan con las leyes que deben proteger a esos trabajadores.

La
Ley de Protección del Trabajador Migrante y Temporal (MSPA) de
1983 fue diseñada para proporcionar protección a la mano de obra
extranjera del campo en relación a salarios y condiciones laborales.

Asimismo
obliga a los agricultores a registrar a sus trabajadores
con el Departamento del Trabajo del Estado, entidad que deberá a su
vez asegurarse que éstos cumplan con las disposiciones de la
legislación.

"Están las disposiciones federales que detallan
minuciosamente lo
que se debe hacer pero no hay recursos para implementarlas por eso
vemos los accidentes que ocurren como los recientes en las minas",
afirmó Peace.

Sin embargo, el catedrático resaltó que
el punto central de su
informe es recordar a la comunidad que el problema de la inmigración
ilegal es, en parte, "culpa de nosotros mismos".

"Como los
productores mexicanos no pueden hacer dinero en su país
deben emigrar a Estados Unidos como trabajadores del campo. La
pobreza genera la inmigración", destacó Peace.

"Los
contribuyentes estadounidenses financian los subsidios
agrícolas enormes que creó el Gobierno y con los que no pueden
competir los agricultores mexicanos", enfatizó.

Peace cita como
ejemplo la cosecha de maíz, que debido a la
subvención y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los
agricultores estadounidenses pueden vender el producto más barato a
México que lo que pueden producir los granjeros en la nación vecina.

Carolina
del Norte es uno de los estados del país que depende
enormemente de su mano de obra migrante para sacar adelante las
cosechas de tabaco, manzanas, arándanos (blueberries), entre otros.

Estimaciones
de la División para los Trabajadores Agrícolas del
Programa de Ayuda Legal de Carolina del Norte calculan que hay entre
150.000 y 200.000 migrantes hispanos en los más de 3.000 campos del
estado, sin conocerse la cifras exacta de los que tienen visas H2A.

Sólo
1.600 campos están registrados con las autoridades del
Departamento de Trabajo Estatal, que cuentan apenas con 15
inspectores cuyo trabajo es asegurarse que existan las condiciones
adecuadas para que los trabajadores realicen sus labores.

"El
problema sigue siendo que las leyes no se cumplen", afirmó
hoy a Efe Omar Lainez, coordinador de educación comunitaria del
programa en Carolina del Norte.

"Los migrante siguen laborando
largas jornadas y devengando un
salario mínimo insuficiente. Habitan viviendas sobrepobladas en
condiciones difíciles. El estado no tiene suficientes inspectores",
agregó el educador.

"Independientemente de que los migrantes del
campos estén legales
o ilegales, su trabajo es esencial para mantener los niveles de
producción agrícola del país. Son parte del sistema que coloca la
comida en nuestros platos", acotó Peace.

Según Peace, un tercio
de la fuerza laboral del sector agrícola
de Estados Unidos son sus trabajadores migrantes de los cuales la
mitad no tienen sus documentos en regla.

"Los subsidios son la razón principal de que
los campesinos sin
papeles estén aquí. Por eso debemos demandar mejor cumplimiento de
las leyes existentes que los protejan", concluyó Peace.