El presidente mexicano, Felipe Calderón,
se refirió el lunes a la ley aprobada en Arizona (EE.UU) que criminaliza
la inmigración ilegal como una puerta de entrada al "odio" y a "la
intolerancia", y aseguró que no permanecerá "indiferente".

"Los
lazos de amistad, de comercio, de turismo y culturales entre
México y Arizona se ven seriamente afectados por este tipo de
legislación", puso de manifiesto Calderón en una reunión del Consejo
Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

La
legislación aprobada recientemente por Arizona, estado
fronterizo actualmente gobernado por el Partido Republicano, permite
a la policía detener a cualquier persona de la que sospeche que
pueda ser un inmigrante ilegal.

Calderón reivindicó que los
inmigrantes mexicanos "han
contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona" y exigió "un
trato respetuoso para los migrantes en Estados Unidos".

El
mandatario apuntó a que el tema "estará presente" cuando se
reúna con el presidente estadounidense, Barack Obama, y con el
Congreso de EE.UU en Washington en mayo.

Afirmó también que esta
ley no solo afectará a los mexicanos,
sino también a los méxico-estadounidenses, "que también serán objeto
de persecución injusta con esta legislación si no se detiene".

"Esta
circunstancias tan adversa tiene que ser un acicate (...)
para fortalecer y para incrementar la unidad y la organización de
los mexicanos en Estados Unidos y particularmente en el estado de
Arizona", arengó.

Calderón dijo haber dado instrucciones a la
Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) y a los consulados de México en EE.UU,
particularmente a los cinco que hay en Arizona, para que "redoblen
sus acciones de asistencia y protección consular".

El gobernante
hizo referencia a una propuesta que se le había
formulado de organizar una red de abogados que trabaje gratuitamente
"a favor de los derechos de los paisanos".

Para el presidente, la
migración a Estados Unidos, donde hay unos
12 millones de mexicanos, aproximadamente la mitad indocumentados,
se lleva lo mejor de México, su gente, al otro lado de la frontera.

Señaló
que la dureza de la crisis global dibujó un escenario
difícil para EE.UU. y México, cuyas economías están muy conectadas,
lo que afectó especialmente a los que se radican al norte de la
frontera común y al envío de remesas, segunda fuente de ingresos
para este país.

Calderón dijo también que México es, asimismo, un
país destino de
la migración, tanto final como aquella en tránsito hacia Estados
Unidos.

Cada año, cerca de 300.000 indocumentados, la mayoría
centroamericanos, cruzan México; mientras que la ONG Sin Fronteras
calcula que en 2009 un total de 70.000 fueron interceptados y
recluidos en estaciones migratorias del Gobierno, donde algunos
fueron víctimas de discriminación.

Sin Fronteras denunció el año
pasado que "la excepción" es que
los migrantes detenidos cuenten en México con asistencia legal, y
que por el contrario es habitual que se les pida firmar
declaraciones sin darles la oportunidad de leerlas.

La
legislación mexicana no contempla como antes penas de cárcel
para los indocumentados -no se solían hacer efectivas, se deportaba
a los migrantes- sino una sanción económica.