Diversas organizaciones
nacionales de defensa de los hispanos urgieron hoy al presidente
Barack Obama a trabajar en una reforma que de una solución al
problema de la inmigración y evite iniciativas estatales como la
SB1070 de Arizona.

"Es momento de que el presidente Obama ponga
acción a sus
palabras y tome un liderazgo", dijo Janet Murguia, presidente
del Concilio Nacional de la Raza (NCLR), en conferencia telefónica.

Murguia
aseguró que la posible aprobación de la iniciativa SB1070
en Arizona pondrá en peligro los derechos civiles de todos los
latinos sin importar su estatus migratorio y de aquellos que visiten el estado.

El proyecto de ley, que se encuentra en el
escritorio de la
gobernadora Jan Brewer, convierte en un delito la presencia de los
indocumentados en el estado y otorga el derecho a la Policía local
de cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que se
sospeche se encuentra de manera ilegal en el país.

Además, da la
opción a cualquier persona a demandar a los
departamentos policíacos o agencias estatales si considera que no
cumplen con estos requerimientos.

"Necesitamos un sistema
migratorio que permita a las personas
venir a este país siguiendo las leyes con una visa y no con un
traficante de humanos", enfatizó Murguía.

La presidente de NCLR
señaló que la aprobación de esta iniciativa
de ley en Arizona no solucionará el problema de la inmigración
indocumentada.

Tom Saenz, presidente y consejero general del
Fondo
Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), dijo por
su parte que en caso de convertirse en ley esta propuesta enfrentará
varios litigios legales.

"En primer lugar, invade el derecho del
gobierno federal de
regular las leyes de inmigración, el estado no tiene el derecho
constitucional de regular la inmigración", afirmó Saenz.

En su
opinión, este proyecto de ley es una invitación directa
para la aplicación del perfil racial por parte de las autoridades.

Advirtió
que una vez que la SB1070 se convierta en ley enfrentará
de inmediato varias demandas legales, lo que tendrá un costo
millonario para el estado de Arizona.

"El costo para el estado
será extremo, años y años en las
cortes", dijo Saenz.

Manifestó que en el pasado este tipo de
leyes estatales ya han
sido derrotadas en corte, como la Propuesta 187 en California,
aprobada en 1994 y que negaba beneficios y servicios estatales a
indocumentados.

"La gobernadora de Arizona debe demostrar su
liderazgo y vetar
esta propuesta", puntualizó el presidente de MALDEF.

Wade
Henderson, presidente y CEO de la Conferencia de Liderazgo
en Derechos Humanos y Civiles, calificó esta propuesta como "una
catástrofe" que a la larga afecta a todos los residentes de Arizona.

Todos
los participantes en la conferencia coincidieron en señalar
el peligro que supone la aplicación de esta propuesta y expresaron
su preocupación que iniciativas como ésta se expandan a otros
estados.

Brewer tiene hasta la media noche del sábado para firmar
o vetar
esta iniciativa la cual convertiría al estado del Arizona en el
primero en el país en criminalizar a los indocumentados.

En caso
de que la mandataria republicana no la vete, la medida se
convierte en ley automáticamente y entra en vigor 90 días después
que finalice la presente sesión legislativa, lo que probablemente
ocurra a finales de mayo.

Hasta el momento, Brewer ha mantenido
silencio sobre la decisión
que tomará, aunque ha asegurado que está estudiando detenidamente la
medida.

Actualmente a través de todo el estado de Arizona está
circulando
un mensaje de texto que está pidiendo no hacer compras este viernes
en el estado en señal de protesta por la posible aprobación de la
SB1070.