El senador demócrata por Nueva Jersey
Robert Menéndez presentó el miércoles una medida para proteger a los
trabajadores, con o sin papeles, que son víctimas de represalias
cuando denuncian abusos laborales.

Flanqueado por el activista
afroamericano de derechos civiles, el
reverendo Jesse Jackson, y de líderes cívicos y sindicalistas,
Menéndez afirmó que la denominada ley del "Poder" (POWER, por su
sigla en inglés) le dará a todos los trabajadores "la oportunidad de
organizarse" y de denunciar abusos sin temor a ser despedidos.

"Cuando
permitimos un sistema laboral que permita pagos
inferiores y condiciones laborales inhumanas, entonces deprimimos
los salarios y las condiciones de todos los trabajadores en este
país", afirmó Menéndez.

"No es un tema sólo de inmigración, es un
tema de derechos
civiles y de justicia social", agregó.

Por su parte, Jackson,
líder de la lucha de los derechos civiles
de los afroamericanos en la década de 1960, afirmó que ante los
continuos abusos de las empresas contra los trabajadores "este no es
el momento de abandonarlos".

Jackson dijo que muchos
trabajadores, en particular los
inmigrantes, se encuentran "atrapados entre la muerte y el
desempleo" al trabajar en condiciones en las que no se respetan sus
derechos civiles y laborales.

Como ejemplo de las prácticas de
abuso y explotación laboral,
Jackson citó el caso de los 29 trabajadores que perecieron en una
mina en Virginia Occidental la semana pasada.

La legislación, que
debe ser aprobada por ambas cámaras del
Congreso para convertirse en ley, es una respuesta a la serie de
denuncias sobre cómo algunas empresas presuntamente recurren a las
autoridades migratorias en represalia contra empleados que exigen el
respeto a sus derechos.

Según Marielena Hincapié, del Centro
Nacional de Leyes de
Inmigración (NILC, en inglés), algunos empleadores amenazan a sus
trabajadores con la deportación para intimidarlos y mantenerlos en
condiciones que violan las normas laborales.

Parte del problema
es que, bajo el programa de visas H2B, por
ejemplo, los trabajadores extranjeros están "anclados" a la empresa
que los patrocina y si renuncian o son despedidos por hacer
denuncias quedan inmediatamente en calidad de indocumentados y
sujetos a la deportación.

Así, la legislación ofrecerá
"protección temporal" para víctimas
de crímenes y represalias laborales, de manera que las empresas que
violen las normas laborales tengan que rendir cuentas.

La
iniciativa prevé que las autoridades locales, estatales y
federales permitan que un trabajador se quede en EEUU de forma
temporal si han presentado una queja laboral o es testigo clave en
alguna demanda.

En ese caso, el trabajador que coopere con las
autoridades
policiales podría obtener una suspensión de su deportación.

La
legislación también otorga visas "U" para víctimas de
represalias laborales, siempre y cuando colaboren con las
autoridades policiales.

El programa de visas "U" ya existe pero
esta legislación amplía
su emisión a trabajadores que han sufrido o han sido amenazados con
represalias cuando ejercen sus derechos laborales; cooperan en las
investigaciones policiales, y demuestran que sufrirían abusos o
perjuicios si son deportados.

La legislación no frenará las
redadas pero prevé que si existe
una disputa laboral y la empresa ha acudido a Inmigración como
medida de represalia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no
podrá deportar a los trabajadores antes de que las autoridades
laborales tengan la oportunidad de entrevistarlos.

En la rueda de
prensa participaron dos inmigrantes que, según
denunciaron, fueron víctimas de abusos cuando fueron contratados
para los esfuerzos de reconstrucción en Nueva Orleans tras el
huracán "Katrina" en 2005.

Daniel Castellanos, de origen peruano,
recordó que llegó a Nueva
Orleans entre 300 extranjeros de Perú, Bolivia y la República
Dominicana, para la reconstrucción de Nueva Orleans con "promesas
falsas".

Castellanos dijo que pagó 5.000 dólares para venir a
EEUU y
cuando llegó, él y sus compañeros fueron sujetos a pagos inferiores,
humillaciones, condiciones de hacinamiento, y constantes amenazas de
despido y deportación.

La medida ha sido elogiada por distintos
grupos pro-inmigrantes,
que en paralelo mantienen una constante campaña para que el Congreso
apruebe este mismo año una reforma migratoria integral.