Estados Unidos solicitará la pena de
muerte para el supuesto cerebro de los atentados del 11-S, Jalid
Sheij Mohamed, y otros cuatro sospechosos de los ataques, a los que
trasladará de Guantánamo a Nueva York para juzgarlos en tribunales
federales.

Mohamed y los otros cuatro detenidos -Walid bin-Atash, Ramzi Bin
al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi- están acusados de
orquestar los atentados de 2001 contra Washington y Nueva York en
los que murieron unas 3.000 personas.

"Daré instrucciones a los fiscales para que soliciten la pena de
muerte contra cada uno de los supuestos conspiradores del 11-S",
afirmó hoy en una rueda de prensa el secretario de Justicia
estadounidense, Eric Holder.

El titular de Justicia adelantó, además, que otros cinco
sospechosos de terrorismo, detenidos también en Guantánamo, serán
juzgados por comisiones militares.

Ese segundo grupo incluye a Abd al-Rahim al-Nashiri, presunto
responsable del ataque de 2000 contra el destructor estadounidense
Cole en Yemen en el que murieron 17 soldados estadounidenses y otros
47 resultaron heridos.

Los sospechosos que se trasladarán a Nueva York serán juzgados
cerca del lugar en el que en su día se erguían las Torres Gemelas
destruidas durante los atentados de 2001.

"Tras ocho años de retrasos, los supuestos responsables de los
atentados del 11 de septiembre de 2001 harán finalmente frente a la
justicia", señaló Holder.

"Serán trasladados a Nueva York para responder por sus supuestos
crímenes en un tribunal situado a sólo unos bloques de donde en su
momento estuvieron las Torres Gemelas", subrayó.

El Gobierno estadounidense ya ha trasladado a un detenido en
Guantánamo, Ahmed Ghailani, a Nueva York para ser juzgado, aunque no
solicitará la pena de muerte en ese caso.

La Casa Blanca ha defendido los juicios en tribunales federales,
al señalar que muchos terroristas han sigo juzgados, condenados y
encarcelados con éxito en EE.UU., incluido el responsable del
atentado contra las Torres Gemelas de 1993, Ramzi Yousef.

Se trata, con todo, de una decisión controvertida que fue
criticada hoy por senadores republicanos como Jon Kyl, quien señaló
en un comunicado que plantea "un riesgo innecesario" y defendió los
tribunales militares para este tipo de casos.

Holder explicó que la decisión de que unos detenidos vayan a
tribunales militares y otros a tribunales civiles federales responde
a una serie de factores como la naturaleza de la ofensa, el lugar en
el que esa ofensa tuvo lugar, la identidad de las víctimas y la
forma en la que se investigó el caso.

"Nuestros esfuerzos legales para llevar a los terroristas ante la
justicia involucran tanto a los tribunales federales como a las
comisiones militares reformadas", apuntó Holder.

El Congreso reformó recientemente las citadas comisiones y les
prohibió que utilicen declaraciones obtenidas bajo tortura.

Los observadores señalan que la decisión de juzgar en tribunales
federales a los presuntos cerebros del 11-S entraña riesgos para la
Administración del presidente Barack Obama, ante la posibilidad de
que alguno de los casos no prospere por algún tecnicismo.

Holder restó hoy importancia a esa posibilidad al mostrarse
"convencido" de que la fiscalía tendrá "éxito".

"Basándome en todas las recomendaciones y en el gran trabajo e
investigación que se ha hecho, me siento bastante seguro de que los
resultados de estos casos serán exitosos", afirmó.

El anuncio de hoy coincide, por lo demás, con la dimisión del
consejero legal de la Casa Blanca, Gregory Craig, que no ha podido
conseguir avances en el proceso para cerrar el penal de Guantánamo.

Obama anunció tras su llegada al poder que cerraría la
controvertida prisión militar en Cuba en enero, un objetivo que se
presenta ahora como inalcanzable.

En la actualidad permanecen detenidos en el centro 215 reclusos,
la mayoría de ellos de Yemen y Afganistán.