Doce personas han
fallecido en hechos violentos en los pasados días en la región
norte de la República Dominicana, según estadísticas divulgadas el domingo
por las autoridades y organismos de derechos humanos, lo que ha
causado alarma entre sus pobladores.

Los organismos estiman que la provincia de Santiago, la segunda
del país y que tiene una población que supera el millón de
habitantes, es la más afectada con esta ola de violencia.

Algunas de las víctimas fallecieron en supuestos ajustes de
cuentas por asuntos relacionados con el tráfico de drogas y otros
delitos, mientras que otras han caído en alegados intercambios de
disparos con policías, según las fuentes.

La última víctima reportada por la policía es un hombre que fue
acribillado a tiros ayer por desconocidos en el sector de
Cienfuegos, en Santiago, y quien supuestamente estaba ligado a un
asalto cometido en contra del ex gobernador de esta provincia José
Izquierdos.

El responsable de la Comisión de los Derechos Humanos en el norte
dominicano, Dionisio Jérez, criticó hoy los hechos de violencia que
se suceden en la región y, en especial, los protagonizados por la
Policía Nacional en supuestos intercambios de disparos.

Jerez criticó en particular las muertes a manos de policías de
Jhonantan Liriano, un dirigente popular que falleció a causa de los
disparos que recibió en una protesta, y de la de Cecilio Díaz, quien
formó parte del salvadoreño Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional, y de Wilian Batista, ambos involucrados en un
secuestro.

El activista de los derechos humanos recordó que Díaz y Batista
fueron entregados vivos por la Marina de Guerra a la Policía, pero
que posteriormente fueron encontrados muertos.

Jerez se unió a los sectores que piden someter al jefe de la
Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, a
los tribunales para que responda por estos hecho.

Señaló que las ejecuciones por parte de la policía dominicana son
peligrosas y violentan el orden jurídico y la normativa
constitucional vigente en el país.

"Lo correcto es que sean juzgadas por un tribunal, pero no
asesinarlas como perros y en presencia hasta de niños", subrayó.