La Unión Cívica Radical (UCR),
principal fuerza de la oposición en Argentina, hizo el miércoles una denuncia
penal por presunto soborno a una senadora para que votara a favor de
la nueva ley de Medios Audiovisuales, que es tajantemente rechazada
por grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses.

También se denunciaron irregularidades en la nueva normativa,
cuyo texto aprobado en la madrugada del sábado por el Senado con
algunos errores fue corregido luego en la publicación en el Boletín
Oficial, apuntó hoy el diario Clarín, que forma parte del grupo
multimedia homónimo, el mayor del país.

El líder de la UCR, Gerardo Morales, dijo que denunció ante la
Justicia a la senadora de ese partido Dora Sánchez por presunto
"cohecho pasivo" luego de que ésta diera a entender que votó bajo
presión del Gobierno peronista de Cristina Fernández.

Sánchez, senadora por la provincia de Corrientes (noreste),
"incurrió en un hecho muy grave que debe ser investigado", aseguró
el dirigente radical a radios y canales de televisión.

"No sólo hay que mirar en la conducta de Sánchez sino también la
conducta del Gobierno", puntualizó Morales luego de recordar que
hace dos semanas la senadora había definido la nueva legislación
como un "mamarracho".

Las leyes argentinas castigan el soborno con penas que van de uno
a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos
públicos, en el caso de funcionarios.

Morales explicó que ha pedido que se interrogue a Sánchez, al
vicepresidente argentino y presidente del Senado, Julio Cobos, y al
ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de
Fernández.

La senadora dijo el martes que con su voto a favor de "esta ley
en la que estaba tan interesado" el Gobierno, ella buscó "suavizar"
la relación de las autoridades nacionales con las de Corrientes, que
le demandan el pago de una millonaria deuda.

También remarcó que en el Parlamento "hay mucha gente que vota
presionada por una serie de circunstancias y nadie dice nada".

Sánchez pertenece a una fracción de la UCR liderada por Cobos,
quien en julio de 2008 rompió su alianza con el Gobierno al impedir
con su voto de desempate en el Senado la sanción de una ley de
impuestos móviles a la exportación de granos resistida por el campo.

Cobos, a quien la UCR le ha perdonado la expulsión del partido,
pero no se ha reincorporado a sus filas, investiga los motivos por
los cuales el texto de la ley de Medios Audiovisuales fue aprobado
con errores en la numeración de algunos de sus artículos y publicado
luego con las correcciones del caso en el Boletín Oficial.

Los errores habían sido advertidos por la oposición durante el
debate en el Senado, donde el oficialismo peronista se opuso a
corregirlos porque en ese caso la normativa debía volver a la Cámara
de Diputados, que la había aprobado así el mes pasado.

Fuentes parlamentarias indicaron que la Cámara de Diputados había
enviado al Senado una "fe de erratas" que sin embargo no fue puesta
a consideración de los senadores.

La Ley de Medios Audiovisuales establece que una empresa no puede
tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el
límite actual, además de prohibir el ingreso de telefónicas en ese
sector de la comunicación.

Tampoco se puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno
de cable en una misma localidad, otro de los puntos que mayor
rechazo ha suscitado entre las empresas del sector.