Legisladores demócratas presentaron el jueves en el Congreso proyectos de ley para prevenir el arresto de
ciudadanos estadounidenses e inmigrantes documentados, y el maltrato
bajo custodia de las autoridades de inmigración.

"Hay decenas de denuncias de personas atrapadas en el proceso de
detención y a las cuales las autoridades de inmigración jamás
deberían haber detenido", dijo en conferencia de prensa telefónica
el senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey.

"Los agentes de inmigración cometen errores, causan enormes
trastornos y dificultades a las personas detenidas", añadió. "El
Departamento de Seguridad Nacional debe adoptar medidas para que no
sean detenidas personas que son ciudadanas estadounidenses o
inmigrantes documentados que residen legalmente en el país".

Por su parte la representante Kirsten Gillibrand, demócrata de
Nueva York, señaló que "esta noche unas 30.000 personas dormirán en
los centros de detención de inmigrantes", que incluyen cárceles de
condado, prisiones privadas y campos del Servicio de Inmigración y
Aduanas (ICE, en inglés).

"Entre ellos puede haber también inmigrantes documentados e
incluso ciudadanos estadounidenses", agregó. "Mañana muchos de ellos
buscarán asistencia legal y encontrarán que no la hay disponible;
otros pedirán asistencia médica, y verán que no está disponible".

"No podemos tolerar ya más un sistema de detención que viola
nuestros principios, y que no da a los inmigrantes el respecto y el
tratamiento decente que merecen", dijo la congresista de California
Lucille Roybal Allard.

Menéndez hizo referencia a un informe divulgado la semana pasada
por la Clínica de Justicia e Inmigración, de la Escuela Benjamin N.
Cardozo de Leyes, en la Universidad Yeshiva de Nueva York, según el
cual los agentes de inmigración han cometido numerosas violaciones
de las garantías constitucionales en sus redadas y allanamientos.

Entre los abusos, señalados por el informe y por Menéndez, se
cuentan los allanamientos nocturnos sin orden judicial y la captura
de personas sin autoridad legal, además de un enfoque
desproporcionado en las comunidades hispanas.

El senador indicó que el número de personas detenidas en redadas
e investigaciones de las autoridades de inmigración ha aumentado de
manera sostenida en años recientes y alcanza ahora a unas 400.000
personas por año.

"Sin embargo, no hay leyes que determinen cómo el gobierno
federal trata a estos detenidos", añadió. "Hay políticas, hay reglas
del Departamento de Seguridad Nacional, pero no hay leyes que
establezcan penas por las violaciones".

La legislación propuesta por Menéndez "establecerá un proceso
debido básico de manera que no se siga deteniendo a personas que
residen legalmente en Estados Unidos", dijo.

"Las personas capturadas en redadas deben ser investigadas, debe
haber un discernimiento", agregó Menéndez. "Y debe haber una ley
firme con estipulaciones firmes que pongan fin a las muertes y el
sufrimiento innecesarios; una ley que provea asistencia de la salud
para los detenidos".

"Esto requiere que reconozcamos y respetemos el valor de las
personas como seres humanos decentes", continuó. "No debería
encerrarse a las personas sin una audiencia".

El senador de Nueva Jersey indicó que hay 60 detenidos por las
autoridades de inmigración que realizan una huelga de hambre en
Luisiana reclamando acceso a asesoría legal y asistencia médica, y
añadió que "es la sexta huelga de hambre en el sur en pocos meses".

Sarnata Reynolds, directora de la campaña para refugiados y
migrantes de Amnistía Internacional USA, dijo que "de las
entrevistas con decenas de inmigrantes en todo el país algo emerge
como un patrón: la absoluta indiferencia hacia su humanidad".

Los proyectos de ley presentados por Menéndez y Roybal Allard,
dijo Reynolds, "protegen la dignidad de los detenidos exigiendo que
se les detenga de acuerdo a sus circunstancias individuales, y no
bajo políticas generalizadas que desgarran las familias sin
consideración alguna por las consecuencia".