Un grupo de
estudiantes y docentes chilenos se manifestó el jueves contra la
aprobación de la Ley General de Educación (LGE), en un acto en el
que resultaron heridos seis policías.

La concentración, convocada en la Plaza de Armas de la capitalchilena por el Colegio de Profesores, que también llamó hoy a un
paro nacional en el sector educativo, derivó en enfrentamientos
entre la policía y los estudiantes.

La convocatoria se desarrolló con normalidad durante dos horas,
pero luego de que llegó al lugar el presidente de la organización
gremial, Jaime Gajardo, un grupo de provocadores empezó a lanzar
objetos para protestar por su presencia.

Algunos encapuchados también agredieron a los periodistas que
cubrían la concentración y a los agentes antidisturbios, por lo que
Carabineros (policía militarizada) debió emplear carros lanza-aguas
para dispersar a los manifestantes.

La convocatoria se produjo después de que el Congreso aprobó
anoche en último trámite legislativo, tras más de un año de
tramitación, el proyecto de la LGE, que al ser una ley orgánica debe
ser ratificada en el Tribunal Constitucional como paso previo a su
promulgación.

Ese texto reemplaza a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE), impuesta en los años ochenta por la dictadura de Augusto
Pinochet (1973-1990), que según sus detractores consagra el lucro en
la educación, permite la selección de alumnos y aumenta la
desigualdad.

La iniciativa, producto del trabajo de una comisión de expertos
en educación que representó a todos los sectores políticos, surgió
como respuesta a las multitudinarias protestas estudiantiles de
2006, conocidas como la "revolución de los pingüinos".

La aprobación de la normativa fue posible gracias a un acuerdo
político alcanzado entre el Gobierno y la oposición, al ratificar el
artículo pendiente que autoriza a profesionales no docentes a
impartir clases de enseñanza media.

Gajardo denunció hoy que esa disposición "va a permitir que otros
profesionales afines puedan ejercer la función docente", lo que a su
juicio "va a precarizar el empleo, porque va a aumentar la oferta y
además va a generar una situación de conflicto".

Estudiantes y profesores buscan además devolver al Estado la
titularidad de las instituciones educativas, que ahora dependen de
los municipios, por lo que su presupuesto está vinculado con los
recursos que estos administren y, por tanto, con el nivel económico
de sus vecinos.