El Ejército entregó hoy a la Justicia de Guatemala los archivos sobre su actuación entre 1978 y 1983, período durante el cual se cometieron en este país las más sangrientas violaciones a los derechos humanos.

El ministro guatemalteco de la Defensa, general Abraham Valenzuela González, entregó los documentos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, en donde se ventila un proceso judicial en contra de un grupo de militares acusados de genocidio, torturas y múltiples asesinatos.

Con esta medida, las Fuerzas Armadas cumplen con la orden girada hace un año por el presidente Álvaro Colom, quien en su calidad de comandante general del Ejército, pidió desclasificar los documentos militares que contengan información que permita esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la guerra interna que padeció Guatemala entre 1960 y 1996.

Los archivos militares entregados por Valenzuela, según fuentes de ese tribunal, son los planes de las campañas militares denominadas "Victoria 82", "Sofía 82", "Ixil 82" y "Firmeza 83".

En ellos, según organizaciones locales de derechos humanos, constan las órdenes emitidas a las diferentes unidades militares por el alto mando del Ejército, entre 1978 y 1983, para combatir a las fuerzas irregulares de las guerrillas izquierdistas, las cuales contemplaban el aniquilamiento de la población civil.

Entre los militares procesados se encuentran los generales golpistas José Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Victores; así como Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García.

Estos mismos son procesados también ante la Audiencia Nacional de España, la que desde diciembre de 1999 conoce un caso de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, promovido por la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú.

La entrega de los documentos, que inicialmente había sido ordenada por el tribunal desde hace más de cuatro años, se demoró hasta hoy debido a varios recursos de amparo promovidos por los abogados de los militares procesados para evitar la desclasificación de esos documentos.

Los abogados argumentaban que esos archivos no podían ser del conocimiento público por tratarse de documentos que contienen "secretos de Estado", como establece la Constitución guatemalteca.

Sin embargo, en marzo del año pasado, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país centroamericano, emitió un fallo definitivo en contra de esos recursos, y ordenó al Ejército entregar los archivos a los tribunales.

La entrega de estos documentos coincide con la celebración hoy del Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Guerra, el cual fue instaurado por el Parlamento en 1999, luego de la presentación, el 25 de febrero de ese año, del informe de la Comisión de la Verdad.

Esa instancia, que funcionó con el auspicio de las Naciones Unidas, investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los 36 años que duró la guerra interna, la cual se cobró la vida de más de 200.000 personas, y que concluyó con la firma de varios acuerdos de paz entre el Gobierno y las guerrillas izquierdistas.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, titulado "Guatemala, Memoria del Silencio", responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado del 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra.

El tres por ciento de esos hechos le fue atribuido a los grupos guerrilleros, y el restante cuatro por ciento a grupos no identificados.