Con el nombre de "plan para el avance de la comunidad hispana", la agenda de políticas públicas de la NHLA cubre 10 áreas temáticas de interés para los hispanos: Seguridad Económica y Empoderamiento, Educación, Inmigración, Responsabilidad Gubernamental, Derechos Civiles, Medio Ambiente y Energía, Salud, Puerto Rico, Derechos y Bienestar de las Latinas, Derechos y Bienestar de los LGBTQ. 

A continuación se presentan las recomendaciones de política para cinco de los temas: Seguridad Económica y Empoderamiento, Educación, Inmigración, Responsabilidad Gubernamental y Derechos Civiles. 

• Ampliar las oportunidades de la fuerza de trabajo
• Mejorar las condiciones de trabajo
• Promover políticas que recompensen el trabajo
• Mejorar el acceso financiero y proteger a los consumidores
• Aumentar la seguridad de la jubilación
• Apoyar el alquiler asequible y la propiedad de la vivienda.
• Apoyar a las latinas en la fuerza de trabajo
• Aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora para 2024

• Instituir un preescolar universal y ampliar los programas Head Start existentes
• Establecer metas para reducir las brechas de rendimiento de los estudiantes a través de múltiples medidas y exigir remedios centrados en la reducción de las brechas de rendimiento de los estudiantes.
• Proporcionar una mayor equidad de recursos para abordar las disparidades académicas.
• Fortalecer los programas de ayuda financiera para la educación superior
• Aumentar los fondos para las instituciones de servicio a los hispanos (HSI) y los programas de preparación para la universidad.
• Incentivar a las universidades comunitarias para que transfieran más estudiantes de todos los orígenes a una institución de cuatro años.
• Reformar las políticas de disciplina escolar excesivamente duras que conducen a la suspensión, la expulsión o la criminalización.

• Órdenes de reversión del Fiscal General y nuevos reglamentos propuestos que dificultan el establecimiento de la violencia de género o las solicitudes de asilo relacionadas con la violencia de las pandillas
• Impedir que los estados y localidades apliquen las leyes federales de inmigración.
• Reducir las tasas de naturalización y los tiempos de procesamiento de las solicitudes.
• Expandir el idioma inglés para adultos y la educación cívica.
• Proporcionar fondos para los programas de integración de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., así como permitirle aceptar fondos privados.
• Otorgar el derecho de naturalización, incluso de manera retroactiva, a todos los trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales que trabajaban en los Estados Unidos durante la crisis de COVID-19 y proporcionar a los empleadores inmunidad contra acciones adversas por emplear a esos trabajadores esenciales, si eran indocumentados.
• Invertir el gasto exorbitante en la aplicación de la ley en la frontera.
• Reemplazar las tropas de la Guardia Nacional con civiles debidamente entrenados.
• Terminar con los perfiles raciales.
• Limitar el alcance geográfico de la actividad de la Aduana y Protección de Fronteras de EE.UU.
• Detener la construcción de muros a lo largo de la frontera
• Asegurar que los niños en los centros de detención sean liberados de acuerdo con el acuerdo de Flores y que se les dé la oportunidad de permanecer con sus padres u otros parientes.

• Desarrollar, financiar, implementar y hacer cumplir un programa de canalización de candidatos hispanos a los puestos superiores de GS-12 a GS-15, para incluir el Servicio Ejecutivo Superior (SES) de carrera y los Programas de Desarrollo de Candidatos. 
• Aumentar la cooperación con organizaciones hispanas que promueven la contratación y la capacitación de hispanos a través de memorandos de entendimiento y asociaciones. 
• Para aumentar las oportunidades de contratación federal para el próspero sector de la pequeña empresa de propiedad latina, y en particular para los latinos, el gobierno federal debería: 
• Tomar medidas para aumentar la participación de los hispanos en el Programa de Desarrollo Empresarial 8(a). 
• Incrementar el número de hispanos que sirven como Directores de Pequeñas Empresas en las 25 agencias principales. 
• Implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Contratación Federal de Pequeñas Empresas de la Casa Blanca. 
• Mejorar las oportunidades de contratación de las pequeñas empresas en general. 

• Oponerse a los excesivos requisitos documentales que privan del derecho de voto a los ciudadanos latinos. 
• Apoyar el registro en el mismo día y las opciones de votación anticipada. 
• Asegurar las investigaciones y los juicios federales sobre la discriminación de los votantes.
• Expandir la votación ausente y temprana para proteger a las poblaciones de mayor riesgo de COVID-19.

Censo:

• Oponerse a cualquier esfuerzo por excluir a los no ciudadanos del recuento total de población utilizado para repartir los escaños en el Congreso y los votos en el Colegio Electoral. 
• Asegurarse de que la Oficina del Censo aumente la representación de los latinos en su fuerza laboral, mejore su compromiso con los interesados latinos, fortalezca su alcance lingüístico y culturalmente apropiado e incluya a Puerto Rico en todos sus conjuntos de datos. 
• Proteger a los recolectores de datos del Censo puerta a puerta para que no difundan COVID-19 en las comunidades de bajos ingresos que no completaron el Censo en línea.
• Proporcionar un período de tiempo prolongado para completar el censo si es necesario debido al impacto de la pandemia.

Justicia Penal

• Reformar la policía para abordar las cuestiones del racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza.
•  Reducir el número de personas en las cárceles locales, estatales y federales para detener la rápida propagación de COVID-19 entre los encarcelados.
• Exigir a las fuerzas del orden que informen mejor sobre las estadísticas de los delitos motivados por el odio, y exigir a las plataformas de los medios de comunicación social que combatan la difusión del odio y la retórica nacionalista blanca.
• Adoptar las directrices de la Asociación Americana de Abogados (ABA) sobre una traducción uniforme al español de los derechos de Miranda para las personas con dominio del español.
•  Restablecer el derecho al voto y el acceso a la ayuda financiera federal a todas las personas independientemente de sus convicciones, y reducir los impedimentos penales a la naturalización.
• Exigir clasificaciones étnicas y raciales en toda la recopilación de datos pertinentes de la justicia penal.
• Implementar reformas previas al juicio que reduzcan el exceso de fianzas, bonos y decomisos civiles.
• Promulgar reformas de los juicios y las sentencias para diversificar los jurados y reducir las sentencias excesivamente duras.
• Mejorar las oportunidades educativas, de empleo y de participación cívica de la población que vuelve a entrar en el país.
• Reformar los sistemas de justicia de menores para interrumpir el proceso de transición de la escuela a la prisión.
   

Poder judicial

• Confirmar a los jueces que han demostrado tener un historial de preservación o ampliación de las protecciones de los derechos civiles y que reflejan la creciente diversidad del país, y mejorar la representación de los hispanos en el poder judicial federal.
• Rechazar cualquier representación de que los jueces de ascendencia latina sean de alguna manera tendenciosos y no aptos para servir en la judicatura o presidir casos específicos.
   

Lenguaje e integración

• Oponerse a la legislación que establece el inglés como idioma nacional y a otras medidas que discriminan a las minorías lingüísticas. 
• Apoyar la legislación "English-Plus" y las normas de asistencia lingüística para las personas con conocimientos limitados de inglés que reciben servicios apoyados por el gobierno federal.