En septiembre de 2018, el ex gobernador Jerry Brown firmó el proyecto de ley 826 del Senado de California, que exige que todas las empresas públicas del estado tengan al menos una mujer en su junta directiva.

Las empresas con cinco miembros del consejo de administración deben tener al menos dos mujeres en el consejo y las que tienen seis o más deben tener tres. También tienen hasta 2021 para cumplir con la orden o correr el riesgo de ser multadas.

El objetivo del proyecto de ley 826 era conseguir más mujeres en las salas de juntas de todo el estado en un esfuerzo por diversificarlas. 

Sin embargo, un estudio realizado en marzo de 2020 por la Asociación de Directores Corporativos Latinos (LCDA) sobre las mujeres nombradas en las salas de juntas de las 662 empresas que cotizan en la bolsa de valores de California, encontró que si bien el cambio deseado está ocurriendo, a su vez está perpetuando aún más la falta de representación racial en las salas de juntas de todo el estado.

De todas las mujeres llevadas a las salas de juntas desde la aprobación del proyecto de ley 826, el 77,9% de ellas eran mujeres blancas, el 11,5% eran mujeres asiáticas, el 5,3% eran mujeres negras, y las menos representadas eran las latinas con un 3,3%.

Esto ya es preocupante considerando que California es estadísticamente el estado más diverso de la nación, pero aun más porque los latinos han sobrepasado por mucho tiempo a los blancos en el estado como el mayor demográfico racial. 

"Un número de corporaciones han elegido cumplir con la SB 826 agregando mujeres que no son inclusivas de las minorías étnicas y raciales", dijo María Contreras-Sweet, miembro del LCDA y ex Secretaria de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos.

Viendo la gran disparidad entre las mujeres blancas miembros de la junta directiva y las latinas, el LCDA llevó a cabo otro estudio que analizó la diversidad racial general de las 662 empresas que cotizan en la bolsa de valores de California.

El nuevo estudio, publicado el 14 de julio, encontró que 233 compañías, o el 35% de las compañías públicas de California tenían juntas directivas totalmente blancas. 

Al igual que en el estudio de las mujeres que entran en las salas de juntas de California, los latinos también representaron la menor parte de la representación en un 20%, o sólo 87 empresas que tienen al menos un latino en su sala de juntas.

En respuesta al estudio más amplio, Linda Griego, ex alcaldesa adjunta de Los Ángeles y miembro del LCDA, llamó al liderazgo de California por dejar de legislar sólo la diversidad de género en la sala de juntas: "Una junta directiva compuesta sólo por hombres y mujeres blancos no es diversa. La composición de la junta que carece de latinos y afroamericanos no refleja la diversidad de California", dijo. "Los latinos de California son una potencia económica que impulsa el crecimiento en todos los sectores de la economía de nuestro estado".

Más allá de las afirmaciones de Griego, un estudio de McKinsey de enero de 2018 encontró una fuerte correlación entre el rendimiento financiero de una empresa y la diversidad racial y étnica de sus dirigentes. 

"La diversidad en la sala de juntas, que incluye a los latinos de EE.UU., contribuye a mejorar la toma de decisiones, aumenta el compromiso de los empleados y mejora el resultado final de la empresa", dijo Roel Campos, presidente del LCDA y ex comisionado de la SEC.

En California, este mismo debate también se está produciendo en la educación superior. 

En noviembre, los votantes del estado tendrán la oportunidad de revocar la Proposición 209, que prohibía la acción afirmativa en el estado hace 25 años. 

La Enmienda Constitucional 5 de la Asamblea (ACA5) fue aprobada por el Senado de California el 24 de junio, enviándola a la votación de noviembre. 

El proyecto de ley elimina el lenguaje de la Constitución de California que prohíbe a las universidades públicas, escuelas y agencias gubernamentales usar la raza o el sexo para determinar la admisión, y las decisiones de contratación.