Si usted está leyendo este artículo desde su teléfono, su ordenador o su tableta, tómese dos segundos para apreciar el beneficio del que ha gozado durante años sin ser consciente de ello.

Día a día, el acceso a Facebook, Twitter, Tumblr, Wikipedia, YouTube o Netflix se han percibido más como un derecho que como un lujo o un placer por el cual se deba pagar, como si se tratara de una comida costosa un sábado por la noche.

Como bien explica el diario El País, “internet no nació como un espacio comercial, sino como una infraestructura descentralizada que propiciase la comunicación entre una red de ordenadores dispersos por todo el mundo”.

En un principio, la creación del internet se planteó como un canal de comunicación más, tal como lo fue en su época el teléfono, la radio o la televisión. Pero el impacto de su alcance se evidenciaría tan sólo años después, con la creación de Mosaic (el primer navegador), de HTML (el lenguaje de programación que permite crear webs) y el desarrollo de programas como Outlook Express o Netscape que proveían una plataforma para explorar la ahora llamada “red”.

La condición “comunitaria” del internet establecía desde un principio que todo aquel con una dirección IP, un ordenador y un puerto al cual conectarse, tenía el derecho a acceder a la creciente plataforma de información.

Para Vinton Cerf, creador de los protocolos de conexión TCP/IP, la extensión de la infraestructura de la red (que posteriormente daría pie a la llamada fibra óptica) se basaba en el principio de que “todos los paquetes de información y puntos de acceso deben tener la misma relevancia”.

Este principio es conocido como Neutralidad de Red, término acuñado por Tim Wu, profesor de la Universidad de Columbia, en el año 2003, y se debe ver como “una forma en la que los IP proporcionen el mismo servicio a todos los usuarios”. Si bien existen algunas excepciones – como las comunicaciones de los servicios de emergencias – estas son mínimas y estrictamente limitadas.

Particularmente en Estados Unidos, el debate en torno a una infraestructura tan rentable, se ha prolongado durante años. Servicios como los telegramas o la red de telefonía, han sido siempre considerados “transportadores comunes” (Common Carriers) bajo la ley, lo que implica que son equivalentes a los servicios públicos y se prohíbe el darles trato preferencial.

Con la llegada del internet en la década de los años 80, su uso se percibió como un bien comercial que se obtenía a través de los rudimentarios “módems dial-up”, y era contemplado por la ley como “un servicio de información”. Pero años después, a finales de los años 90, el internet se transformó en un servicio común en las casas estadounidenses, y el desarrollo de nuevas plataformas hizo que se iniciara un diálogo en torno a su regulación.

El entonces vicepresidente Al Gore planteó las preguntas fundamentales en 1994: “¿Cómo puede un gobierno asegurar que el naciente internet permitirá una competencia justa y el acceso a todos los clientes? ¿Cómo podemos asegurarnos de que este nuevo mercado llegue a la nación entera? ¿Cómo podemos asegurarnos de que cumpla con la enorme promesa de educación, crecimiento económico y creación de trabajos?”

Fue en el 2004 cuando el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Michael Powell, anunció una serie de principios no discriminantes titulados “Libertad de Red”, y que incluían la libertad al acceso de contenido, de aplicaciones, de dispositivos y de un servicio de información.

Entre la libertad y el mercado, los casos llegaron a los tribunales.

En el 2005 el caso Madison River mostró la disposición de la FCC de cumplir con sus principios, denunciando a la Madison River Communications, una empresa local de telefonía, por bloquear protocolos de servicio de internet.

Asimismo, en el 2007, la compañía de cable más grande de la nación, Comcast, fue descubierta bloqueando redes como BitTorrent a través del enlentecimiento de su conexión.

Para el momento, no existía una forma legal que impidiera que las compañías dispusieran de su infraestructura para controlar la velocidad y el tipo de información a la que sus usuarios tenían acceso.

Tras varios intentos por parte de la FCC, y el establecimiento de regulaciones de libertad al acceso de la información, finalmente en el 2014 una Corte del Distrito Capital sentenció que la FCC podría aplicar las reglas de neutralidad de la red sin catalogar a los proveedores de “common carriers”, lo que implicaba un nuevo paso hacia una negociación equitativa entre el derecho del consumidor y el derecho al libre mercado.

Como respuesta, el FCC (con apoyo del entonces presidente Barack Obama) incorporó el llamado “Título II” a la ley de Neutralidad de la Red, que determinaba que las IP serían transportadores comunes bajo la ley de comunicaciones de 1934 e impedía a los proveedores “hacer cualquier discriminación irracional o injusta en torno a cargos, prácticas, clasificaciones, regulaciones o servicios”.

La nueva decisión de la FCC encabezada por Ajit Pai, nominado de Trump, echa por la borda años de debates legales que han permitido el libre acceso a la información y que han evitado el abuso de las compañías, permitiendo no sólo los cargos extra por sus servicios sino otorgándoles también el poder de regular el acceso a plataformas, datos, cuentas y hasta plataformas de noticias que no convengan a los estatutos de las empresas.