La Clínica Mayo de Rochester (Minnesota) despidió el miércoles a 700 empleados del sector sanitario por negarse a la política de vacunación de la empresa, un asunto que tiene a los empresarios en posturas opuestas.

Los datos publicados por el centro médico mostraron que sólo el 1% de sus 73.000 empleados fueron despedidos.

La Clínica Mayo informó a su personal que tenía hasta el 3 de enero para recibir su primera inyección de la vacuna COVID-19 o verificar excepciones médicas o religiosas, tras una norma final provisional de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que entró en vigor en noviembre de 2021.

La norma establecía que la mayoría de los centros sanitarios con proveedores de Medicare o Medicaid estarían obligados a aplicar una política de vacunación.

Los empleadores de 100 o más empleados deben seguir la Norma Temporal de Vacunación y Pruebas de Emergencia COVID-19 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que exige que el personal se vacune o dé negativo en las pruebas cada semana antes de regresar al trabajo. 

Mayo Clinic, que cuenta con otras sedes en Arizona y Florida, comunicó a los empleados despedidos que tendrían la oportunidad de volver a ser contratados si decidían vacunarse más adelante.

"Si las personas despedidas deciden vacunarse en una fecha posterior, existe la oportunidad de que soliciten y vuelvan a Mayo Clinic para futuras ofertas de trabajo", escribió la clínica en una carta.

Peggy Bennett, republicana de la Cámara de Representantes de Minnesota, emitió una declaración el 8 de diciembre de 2021 al centro médico diciendo que la política de vacunación es controvertida para su imagen.

"Empezamos a escuchar a un gran número de empleados de Mayo muy preocupados hace varias semanas con respecto a este cambio en la política interna", dijo Bennett. "Esta política de empleados de arriba a abajo, de mano dura y de todo o nada, no encaja con la reputación o la imagen que conocemos de la Clínica Mayo".

Bennett también se refirió a la difícil situación a la que se enfrentan los proveedores de atención sanitaria a nivel nacional, ya que se avecinan los mandatos de vacunación de la administración Biden.

El viernes 7 de enero, el Tribunal Supremo de EE.UU. se pronunciará sobre los dos mandatos federales de vacunación para los grandes empresarios y los trabajadores de la salud.

El fallo determinará una impugnación de abuso de poder contra la administración presidencial por parte de empresas opositoras, instituciones religiosas y funcionarios del gobierno.

Los estados ya tienen la opción de aprobar sus propios mandatos de vacunación para los empleados, y 26 de ellos exigen ahora que los trabajadores sanitarios se vacunen.

Lo que está en juego en la decisión del tribunal es que los centros sanitarios corren el riesgo de perder la financiación del gobierno para sus servicios públicos. Otros impugnan los mandatos porque dicen que la administración pasó por alto recibir una "declaración clara" del Congreso.