Seguirán luchando aunque este viernes les cierren las galleras. Así han respondido los legisladores puertorriqueños a la prohibición del gobierno federal estadounidense que podría acabar con una sangrienta tradición que lleva practicándose en la isla desde hace 400 años y que genera unos $18 millones anuales, tiene más de 71 empresas dedicadas a las peleas y emplea a alrededor de 27.000 personas. 

Para ello, anunciaron ayer martes que aprobarán una ley para que el que definen como un “deporte nacional” siga siéndolo, cuestionando otra ley federal firmada el pasado año por el gobierno Trump y pese a que las peleas de gallos están prohibidas en los 50 estados de U.S. desde 2007. 

“Ciertamente, estamos desafiando una ley federal, sabemos lo que eso implica”, declaró Gabriel Rodríguez Aguiló, coautor del proyecto de ley, a AP. 

A la espera de que la gobernadora de la isla, Wanda Sánchez, firme el proyecto de ley, sus promotores alegan que lo único ilegal es exportar o importar gallos o servicios relacionados con las peleas, y que su prohibición en Estados Unidos, añadió la Secretaria del Departamento de Deportes boricua, Adriana Sánchez, tiene más que ver con razones económicas que con el bienestar animal. 

Un estira y afloja que abarca mucho más que el ruedo de pelea y los negocios rurales de la isla, muy diezmados tras el huracán María, y llega justo cuando el presidente Trump ha recortado los fondos de Medicaid de Puerto Rico que asigna hasta $5.700 millones y no los $12.000 millones en cuatro años.

Los gallos son criados como gladiadores plumíferos, únicamente para el disfrute y la lucha a muerte. Muchos de ellos, reportan las asociaciones ecologistas, pasan la mayor parte de sus vidas atados de una pata y a menudo sus criadores (galleros) les arrancan las plumas o mutilan las crestas para prevenir que se las arranquen en el ruedo, o los drogan para que sean más agresivos con sus contrincantes. 

Aunque la lucha está regulada y es legal en numerosos países de América Latina, a su alrededor se mueven las apuestas ilegales y el crimen organizado, e incluso, denuncian, la amenaza de enfermedades, debido a que muchos galleros cosen y lavan a las aves sin ninguna protección. 

No obstante, quienes dirigen este tipo de negocios, afirman que siguen las más estrictas normas higiénicas y que el sufrimiento de dichos animales no es menor que el que padecen los caballos de carreras o los venados en los rodeos. 

“Si Washington desea enfrentar la crueldad con los animales, debe empezar por su propia casa”, declaró el director de la Comisión de Asuntos Gallísticos de Puerto Rico, Gerardo Mora, a Nuevo Herald.

“Hay millones de cazadores en U.S. que matan venados, los decapitan y cuelgan como un trofeo, y nadie dice nada”, añadió. “Pero tenemos personas en el Congreso que ni siquiera saben dónde está Puerto Rico y quieren eliminar nuestra industria gallística”. 

La ley federal de Trump contra los galleros llega justo cuando se han recortado los fondos de Medicaid de Puerto Rico a $5.700 millones en cuatro años.

Pese a que sus detractores afirman que los puertorriqueños exageran sobre el beneficio económico de estas peleas, la realidad es que gran parte del negocio gallístico proviene de zonas rurales, sacudidas enormemente por la recesión económica y los desastres naturales. 

“Esto va a acabar con nosotros”, dijo a NH el gallero Adrián Gevares, que tiene dos granjas en la isla y más de 20 personas a su cargo a las que es posible que tenga que despedir si el proyecto de ley no llega a buen puerto. 

“Este es mi negocio, mi forma de vida. Yo dependo de esto para mantener a mis hijos, pagar mi seguro médico y mi auto. No estoy preparado para que se termine”. 

En tanto esperamos a ver quién ganará la pelea, muchos criadores con posibles ya se están mudando a República Dominicana, donde la actividad está en auge y mucho menos regulada.