Una flamante estatua de bronce que representa a un campesino con un “cortito”(una azada) en la mano, obra del artista Dan Medina, rinde tributo desde el pasado domingo a los 4,5 millones de mexicanos que llegaron a Estados Unidos para trabajar en la agricultura y la minería entre 1942 y 1964.

 U.S se había quedado sin “brazos” por el reclutamiento de hombres para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Alguien tenía que alimentar a su población y los temporeros, con una visa de trabajo y sometidos a condiciones de penuria y abusos en los campos, fueron la mano de obra de un país que sólo hoy ha saldado con ellos una cuenta histórica.

 No obstante, más de 200 millones personas, un 94% mexicanos, atraviesan cada año la frontera con U.S. con la llamada visa H-2A para trabajar como temporeros agrícolas. Un programa que, según advierte el Centro de Derechos del Migrante (CDM), es heredero directo del Programa Bracero.

En un artículo publicado recientemente en el diario El Proceso, la directora de Comunicación de esta institución que protege los derechos de los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos, Evy Peña, advertía que las visas de trabajo temporal que el Gobierno de Trump promete conceder si México se convierte país seguro “no son una alternativa al asilo; son una receta para la explotación laboral.”

El estado norteño de Monterrey, asegura Peña, es el lugar donde más visas de este tipo se conceden a nivel mundial:

 “El proceso de reclutamiento es un espacio oscuro. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos tiene un portal con certificaciones de empleo que causa más problemas que beneficios; defraudadores en México lo utilizan para sacar partido de buscadores de empleo en todo el país”, resume.

 La institución ha reportado casos de fraude y ofertas falsas de trabajo que han llegado a costar más de tres millones de dólares a los temporeros mexicanos desde 2005. Y los abusos continúan aunque las ofertas sean verdaderas…

Agricultores que desconocen las condiciones de su contrato laboral y su salario, documentos retenidos por los empleadores y condiciones insalubres de trabajo son algunas de las denuncias que recibe el Centro de Derechos del Migrante, que en algunos casos ha tenido que enfrentarse incluso a casos de acoso y trata de personas.

 “Aunque es requisito que los empleadores bajo el programa visa H-2A proporcionen una vivienda digna y gratuita a los trabajadores, nos llegan incontables reportes de tráilers infectados con pestes y sin servicios básicos donde se alojan decenas de trabajadores”, apunta Evy Peña.

 Dejar el trabajo no es una opción. Las cuotas de reclutamiento, que llegan a ascender a los 3.500 dólares, dejan a los agricultores tan endeudados que no pueden dimitir y volver a sus casas.

“El sistema está diseñado –concluye Peña- para tener una mano de obra desechable.