El más reciente informe de la organización ecologista Global Witness ha ratificado lo que ya veníamos viendo durante todo este año y el pasado con asesinatos como el del conservacionista mexicano de la mariposa monarca, Homero Gómez: Latinoamérica es un lugar muy peligroso para los defensores del medioambiente. 

En los primeros puestos de esta lista negra que se cebó con la vida de 212 ambientalistas durante el año 2019 en todo el mundo -148 ocurrieron en América Latina- encontramos a Colombia, que ha batido todos los récords de la infamia con 64 luchadores por la diversidad fallecidos a manos de las mafias y los paramilitares que siguen en la selva, casi el doble que el año anterior. 

“Grupos del crimen organizado y paramilitares –muchos de los cuales se han apoderado de áreas anteriormente controladas por las FARC–, son responsables de un alto porcentaje de los asesinatos que documentamos”, advierte Global Witness, que recoge las recomendaciones de organizaciones como el Programa Somos Defensores y Fuerza de Mujeres Wayuu para trasladárselas al gobierno de Iván Duque.

Entre ellas, respetar e impulsar acuerdos como el programa de Reforma Rural Integral, que permite a las comunidades rurales más desfavorecidas tener la titularidad de las tierras y poder integrarse económicamente, además de extender los servicios estatales a estos lugares remotos. 

A pesar de que han pasado tres años del acuerdo de paz con las FARC, al gobierno de Duque le cuesta mantener a raya los crímenes contra los líderes sociales y ambientales, y eso también incluye a campesinos e indígenas que protegen la selva y luchan por su subsistencia. 

La extensión de la minería, el gas y la agroindustria son los mayores detonantes de ataques a la naturaleza y a las personas que la protegen, según el informe, que cita a Filipinas, con 43 asesinatos, como el segundo país más peligroso para los activistas verdes.

En un país donde el negacionismo sobre la deforestación y el apocalipsis medioambiental es moneda común, empezando por su propio gobierno, cualquiera que se interponga entre la selva y quienes la diezman está perdido. 

Aunque el conteo de muertes de activistas haya descendido de 57 a 24 desde 2017 a 2019, coincidiendo con la menor tasa de homicidios a nivel general, la selva amazónica concentra la mayor de estos crímenes que en buena medida están protagonizados por líderes indígenas como Paulinho Guajajara, que fue asesinado el pasado noviembre y pertenecía a los Guardianes de la Selva del Estado de Maranhao.  

“Las políticas agresivas del presidente Bolsonaro para estimular la minería en escala industrial y la agroindustria en la Amazonia han tenido consecuencias graves para la población indígena, así como para el clima global”, citaba el documento, que subrayaba no sólo el incremento en más de un 70% de la destrucción de las tierras indígenas, sino el papel de Jair Bolsonaro y su gobierno criminalizando a quienes intentan impedir una catástrofe ecológica. 

Ocupa el cuarto puesto entre los lugares más peligrosos y difíciles para los defensores del medioambiente con 18 homicidios de este tipo registrados el año pasado y más de un tercio de las agresiones dirigidas a miembros de las comunidades indígenas. 

Uno de ellos fue el de Samir Flores, un líder comunitario al que dispararon en febrero de 2019 a las puertas de su hogar, en el poblado de Almilcingo, por su oposición a la construcción de una planta termoeléctrica en el Estado de Morelos y un gasoducto de 160 km. Curiosamente, casi dos semanas antes el presidente López Obrador había anunciado una consulta en la veintena de municipios por los que tenía que pasar el gasoducto. 

Aunque el mandatario mexicano lamentó el crimen arguyendo que la muerte de Flores trataba de entorpecer la consulta, a un año de su fallecimiento se sigue reclamando la detención de sus asesinos. 

Otros países que engrosan esta lista negra son Honduras, con 14 asesinatos de ecologistas, Guatemala con 12 y Venezuela con 8 crímenes.