La burocratización es una forma bastante eufemística de “censura”. Opera sibilina y cansinamente envolviendo a los implicados en una maraña de “papeleo” imposible de acometer. Hasta que una organización con buenos fines y un rol necesario en la cultura de un país acaba por tirar la toalla.

En pocas palabras esto es lo que ha ocurrido en Nicaragua tras la con la entrada en vigor de la llamada “ley de agentes externos”, que obliga a las organizaciones que operan en el país a registrarse ante las autoridades y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero y las donaciones que reciben, además de prohibir -tomen nota de ello-, el financiamiento externo a organizaciones que, según las autoridades, desarrollen actividades políticas.

Actividades políticas, sí. Como las que el régimen del Presidente Ortega considera que desarrolla la filial nicaragüense de PEN Club, la asociación mundial de escritores, que se ha visto obligada a cesar su actividad ahogada por los “infinitos” requisitos que le ha impuesto el gobierno para recibir fondos del exterior.

Así lo anunciaba el jueves la escritora y presidenta de dicha institución, Gioconda Belli, en un comunicado. 

“Hemos decidido suspender indefinidamente el centro PEN en Nicaragua e informado a PEN Internacional de nuestra decisión de suspender la afiliación”, informó Belli, quien explicó que en 2018, el ministerio de Gobernación se había negado a extenderles la certificación para continuar operando como ONG, a pesar de que todos los documentos estaban en regla.

Por este motivo, “perdimos la posibilidad de optar a proyectos y nuestra cuenta bancaria fue cancelada”, señaló la escritora, que añadió que pese a los impedimentos se hizo un gran esfuerzo voluntario para continuar impulsando actividades durante el pasado año 2020.

La ley de Regulación de Agentes Externos, aprobada el pasado octubre por el Parlamento, fue el golpe definitivo para la organización. 

"La ley de Agentes Extranjeros, con sus infinitos requisitos, que requerirían un personal del que carecemos, sólo se aplica en nuestro caso por suscribirnos a los ideales y las propuestas éticas de PEN Internacional", dijo Belli.

"Por otro lado, ninguno de nosotros se considera agente extranjero. Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país".

Porque sustenta la democracia. 

Y se vuelve esencial en un año de elecciones presidenciales donde, según una encuesta de Gallup, Ortega podría enlazar su cuarto mandato consecutivo en un país que vive inmerso en una crisis sociopolítica grave y que desde 2018 ha dejado más de tres centenares de muertos -aunque, según otras fuentes, podrían ascender a más de 600.

Mientras, las organizaciones por la justicia social, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), siguen denunciando las agresiones deliberadas contra periodistas, medios no oficialistas y cualquiera que contravenga al gobierno.

Como la destrucción el pasado fin de semana de una sede del medio digital Confidencial, crítico con el presidente Ortega, que ya fue ocupada en 2018 después de denunciar los ataques armados del gobierno que dejaron cientos de víctimas, y que ahora se convertirá, dicen las autoridades, en un centro de maternidad. 

"Ninguno de nosotros se considera agente extranjero. Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país", Giaconda Belli.

En tanto, Ortega parece querer deslumbrar al mundo con la creación de una agencia espacial nicaragüense y enfrenta, por otro lado, los reclamos de la ONU para que se enmiende leyes recientes y abusivas como la reforma del código penal que alarga el tiempo en la cárcel de un sospechoso antes de sentarlo a juicio, el cierre de PEN nicaragua no es ni de lejos anecdótico en este año de campaña.

La organización internacional, que reúne a más de 40.000 escritores en 140 países del mundo, tiene como principios "la promoción y difusión de la literatura y la defensa de la libertad de expresión y la solidaridad con escritores perseguidos u hostilizados".

En Nicaragua, PEN se dedicaba a promover la cultura y la lectura, organizar foros literarios y denunciar las violaciones a la libertad de prensa y expresión que se estaban produciendo en el país.

Con ella, ya son dos las ONGs que suspenden actividades en la nación latinoamericana a causa de la citada ley de agentes externos -en diciembre, se retiró la organización sueca We Effect, que promovió proyectos contra la pobreza durante más de tres décadas.