La Oficina del Alguacil Joe Arpaio, del Condado Maricopa en Arizona, ha incurrido en prácticas inconstitucionales contra hispanos, de acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos dada a conocer este jueves. Los resultados sirvieron al Departamento de Seguridad Nacional para arrancar los poderes que tenía el alguacil en materia migratoria y a líderes latinos como un arma más para exigir la renuncia del autoproclamado "sheriff más duro de la nación".

El gobierno federal encontró evidencia suficiente de que el controversial alguacil ha incurrido en prácticas de perfil racial y discriminación, como se le ha acusado ya por diversas organizaciones, en contra de hispanos e inmigrantes indocumentados.

Además, el DOJ reportó que el alguacil ha llevado a cabo retaliaciones contra quienes critican sus prácticas y ha cometido actos de discriminación contra reos que no hablan inglés o tienen un conocimiento limitado de este idioma en sus cárceles, e incluso les ha negado servicios de importancia crítica.

"Nuestro reporte encontró un patrón que existe dentro de la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO) y creemos que debe ponerse en marcha un cambio", dijo el fiscal asistente Thomas E. Pérez, jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, a cargo de la investigación que comenzó en junio de 2008.

Los resultados de ésta evidenciaron serias violaciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964, así como el Acta de Aplicación de la Ley y Control de Crímenes Violentos del mismo año.

Las violaciones se llevaron en diversas áreas y abarcan prácticas de detención ilegal de latinos por parte de los policías del condado. 

Frank Sharry, director ejecutivo del grupo "America's Voice", señaló que, durante años, Arpaio ha discriminado a los latinos por el color de su piel o acento extranjero "y se regodeaba de ello".

Arpaio "ha actuado con impunidad" y el anuncio del Departamento de Justicia "es un paso clave para poner fin a la discriminación racial" en el condado Maricopa, agregó Sharry

"No hay nada justo o constitucional respecto al perfil racial", dijo por su parte el congresista de Arizona, Raúl Grijalva (D). "El alguacil Arpaio cree que la apariencia física es una causa probable para detener y cuestionar a individuos sobre su estatus migratorio".

Tras el informe de los resultados de la investigación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) terminó inmediatamente la autoridad de la oficina de Arpaio para aplicar leyes de inmigración, así como el programa 287(g), y aplicó restricciones al acceso del programa "Comunidades Seguras", el cual permite el intercambio de información entre agencias locales y agencias federales de inmigración. 

La presidenta del Concejo Nacional de La Raza, Janet Murguía, agregó que "estos son pasos clave para terminar con la demonización y deshumanización de los latinos en este y otros condados".

Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización CHIRLA, dijo que las acciones de Arpaio, como principal arquitecto de "una crisis humanitaria de gigantes proporciones", exigen la cancelación a nivel nacional del programa Comunidades Seguras que permite identificar a inmigrantes "deportables" en las cárceles locales, estatales y federales.

"Las campanas han doblado por la justicia y esperamos que se haga justicia, que este informe sea una advertencia para otros departamentos policiales en toda la nación que erróneamente piensen que se pueden salir con la suya al atropellar los derechos humanos y civiles de los latinos e inmigrantes", agregó Salas.

Además, el Departamento de Justicia encontró una serie de deficiencias consistentes que causan, permiten o contribuyen a estas y otras prácticas ilegales.

Destaca el entrenamiento y la supervisión inadecuada del cuerpo de agentes; fallas en la implementación de guías y recomendaciones para evitar prácticas ilegales; un sistema disciplinario ineficaz y la falta de supervisión externa.

El reporte también hace mención del uso excesivo de la fuerza, y de prácticas que han afectado la habilidad de la oficina del alguacil para proteger adecuadamente a los residentes latinos.

"El descuido sistemático de las protecciones básicas constitucionales por parte del MCSO ha creado un muro de desconfianza entre la oficina del alguacil y un gran segmento de la población, que pone en riesgo la habilidad de proteger y servir a la gente", dijo Pérez. "Estos problemas están arraigados en la cultura del MCSO y son agravados por la inclinación de retaliación de esta oficina contra los individuos que alzan la voz".

Grijalva agregó que "incluso luego de la publicación de los resultados de la investigación, Arpaio continúa creyendo que no hay ningún problema. Su obsesivo asalto contra hispanos, motivado por cuestiones políticas ha destruido la confianza del público en su oficina y ha puesto en riesgo la vida de inocentes".

Por su parte, Murguía dijo que "las revelaciones de hoy corroboran el hecho de que Arpaio no es el alguacil más duro de Estados Unidos, sino el peor alguacil de la nación. Es claro que la MCSO no ha cumplido su deber con los residentes del condado Maricopa, de proteger sus derechos civiles y de mantenerlos a salvo, y que esto le ha costado mucho particularmente a los latinos".

Para dicha investigación, el Departamento de Justicia entrevistó a más de  400 individuos, entre ellos 75 exempleados de la oficina del alguacil y a unos 150 reos y expresidiarios, así como al mismo Arpaio.

La falta de transparencia fue otro de los retos que el Departamento de Justicia tuvo que enfrentar en esta investigación ya que la oficina del alguacil se negó a presentar documentos y a permitir el acceso necesario para llevar a cabo la operación.

Fue necesaria una demanda del DOJ contra el MCSO para que esta permitiera el acceso necesario. La demanda se sumó a unos 2.700 pleitos legales contra Arpaio entablados entre el 2004 y el 2007.

Respecto a las recientes acusaciones de que su oficina no investigó cientos de casos de delitos sexuales, incluyendo unos 30 contra menores, el reporte indica que "mientras no se encontraron patrones de violación de prácticas en conexión con este asunto, la investigación permanece abierta".

A manera de recomendación, el gobierno federal dijo que la oficina del alguacil requiere un compromiso estructural, cultural e institucional:

"La MCSO debe desarrollar e implementar nuevas políticas y procedimientos, y entrenar a sus oficiales respecto a una política efectiva y constitucional. Además, debe implementar un nuevo sistema para asegurar que se responsabilice a quienes cometan faltas y para eliminar prejuicios ilegales en todos los niveles de aplicación de la ley".

El Departamento de Justicia advirtió que intentará obtener un acuerdo de una corte e intentará trabajar con el alguacil para implementar un plan de reforma integral bajo la supervisión del Poder Judicial para hacer frente a las violaciones de la Constitución y otras leyes federales.

"Las políticas efectivas y constitucionales van de la mano. Desarrollar e implementar una reforma significativa ayudará a reducir el crimen, a asegurar que se respete la Constitución y que la gente de Maricopa tenga confianza del compromiso del MCSO con la aplicación justa y efectiva de la ley", dijo Pérez. "Esperamos resolver estas preocupaciones delineadas en nuestra investigación en colaboración, pero no vacilaremos en tomar las acciones legales apropiadas si el MCSO decide tomar un curso de acción diferente". 

Al igual que unos cien manifestantes que se congregaron afuera de las oficinas del MCSO el pasado miércoles, incluso antes de la publicación de los resultados de la investigación, diversos líderes exigieron la renuncia del controversial alguacil.

Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, afirmó que "está claro que el alguacil Arpaio es incapaz" de respetar la Constitución y garantizar la seguridad pública y debe dimitir.

Por su parte, Grijalva dijo que "los funcionarios federales tienen razón de calificar el fallido trabajo de Arpaio como tal, y espero que él tome el camino honorario de renunciar inmediatamente".

Tras las acusaciones, el alguacil Arpaio dijo que el reporte no era más que una "cacería de brujas" por parte del Gobierno federal que está haciendo todo lo posible para que su oficina "no aplique leyes de inmigración".

"Es un día muy triste para Estados Unidos", sostuvo Arpaio. 

El alguacil se negó a contestar si su oficina practica el perfil racial en detenciones en contra de conductores hispanos alegando que no ha tenido tiempo para revisar los resultados de la investigación federal. 

"Vamos a cooperar de la mejor manera posible, y si no están felices, supongo que pueden actuar respecto a su amenaza e ir a corte federal", finalizó.

*Con información de EFE