Chile se está haciendo la misma pregunta que todos los otros países: cuándo va a terminar “esto”, cuándo podremos retomar la vida que conocíamos antes de la pandemia o, por lo menos, cómo empezar a recuperar lo que antes era la vida normal, empezando por la circulación y la economía.

Como primera respuesta, el Ministerio de Salud de Chile ha anunciado que esta semana empezará a expedir el “Carnet COVID–19”, un documento con el que espera distinguir aquellas personas que hayan desarrollado anticuerpos contra el coronavirus.

En principio, podrán aplicar a pruebas de anticuerpos aquellas personas que hayan dado positivo para el COVID–19 y hayan cumplido 14 días o más de haber dejado de mostrar síntomas. En ese orden de ideas, de los casi 19 millones de personas que tiene Chile, podrían aplicar 4.676 que actualmente se reportan como recuperadas de la enfermedad. 

De funcionar la estrategia, en el mundo ideal de las abstracciones, la implementación del Carnet COVID–19 significaría que, poco a poco, Chile podría ir volviendo a sacar su población a trabajar, en la medida en que desarrollen inmunidad, mientras abre y cierra cuarentenas por sectores, según la estrategia de cuarentena dinámica que está usando el país.

No obstante, los cuatro principales inconvenientes que tiene la estrategia pueden llegar a ser mayores que sus ventajas a corto plazo: el mercado negro, la tentación del contagio intencionado, la incertidumbre del número de contagios y la incertidumbre de la inmunidad.

De momento, el Ministerio de Salud chileno aún está determinando cómo va a ser la producción y entrega de los carnets, sin embargo, es claro que para cada norma surge una trampa y la creación de este certificado que permitiría una circulación privilegiada a ciertos sectores de la población también incentivará que busquen la manera de obtenerlo, legal o ilegalmente.

El mecanismo que determine el Ministerio de Salud también dará paso a unas u otras vulnerabilidades en el sistema, pero estas pueden ir desde la falsificación de los resultados de los exámenes de COVID–19 –lo que hará más imprecisas las estadísticas de que disponen y hará que personas infectadas puedan contagiar a otras– hasta que personas que no han contraído el coronavirus busquen contagiarse intencionalmente.

Hay varios antecedentes históricos sobre el contagio intencionado para buscar inmunidad: antes de que existieran las vacunas contra la viruela era relativamente común que padres tomaran el pus de las pústulas de personas contagiadas para exponer a sus hijos a la secreción. Hacerlo podía traer uno de dos efectos: una infección de viruela leve, de la que los niños se recuperaban y tras la cual eran inmunes al virus, o la muerte del infante.

Otro antecedente con los sanatorios para VIH que implantó el gobierno cubano en los 90’s, como una medida para intentar contener la epidemia en la isla. Recordando el antecedente de los leprocomios, el gobierno cubano intentó aislar a los pacientes positivos en unos terrenos que suministraba de comida y en los que, incluso, se formaban grupos de teatro y otras actividades culturales.

La instauración de esta clase de lugares llevó a muchos jóvenes a buscar contagiarse, compartiendo sangre o agujas, para ser internados en los sanatorios. Años después de ser internados, cuando los amigos que conocieron adentro empezaron a morir, también entendieron que la llegada de una cura no sería tan temprana ni tan sencilla como esperaban.

A medida que la idea de la inmunidad adquirida al coronavirus cobre fuerza, esta práctica tenderá a hacerse más común. En la medida en que “personas inmunes” sean más solicitadas como fuerza laboral se hará mayor la tentación de sacrificar seguridad por libertad y bienestar económico, al precio que sea.

A la fecha, Chile reporta 10.507 casos confirmados de contagio, 139 fallecimientos y 4.676 personas que se han recuperado de la enfermedad. Según reporta Bloomberg, Chile ya ha hecho más de 95.000 exámenes, con lo cual tiene una de las tasas de testeo per cápita más altas de la región.

Sin embargo, el alto nivel de testeo encuentra un inconveniente importante en la estrategia de cuarentena dinámica por la que optó el país. De acuerdo con el artículo del Centro de Investigación Periodística (CIPER) “COVID-19: Chile no está aplanando la curva, la perdimos de vista”, la estrategia de Chile consiste en rastrear los casos de contagio en la medida en que estos se van produciendo y aislar selectivamente las áreas necesarias para evitar la dispersión del brote.

Esto implica las siguientes cosas: es una estrategia que debe adoptarse muy tempranamente, teniendo excelentes condiciones de infraestructura y el testeo debe seguir el ritmo de duplicación del virus. Si estas tres condiciones no se cumplen, es preferible una estrategia de cuarentena completa. Esta estrategia está siendo implementada exitosamente, por ejemplo, en Islandia, donde ya ha sido examinado el diez porciento de la población.

De acuerdo al artículo del CIPER, si el 1 de abril Chile hubiese hecho 3.500 tests, hoy, 21 de abril, tendrían que hacer 112.000 y el 25 de abril tendría que estar haciendo 224.000. No de otro modo podrían tener la certeza de qué parte de la población la infectado el virus. 95.000 tests en total es un número alto para el promedio de la región, pero a todas luces insuficiente según este panorama.

Eso significa no solamente que al abrir y cerrar las cuarentenas que el gobienro chileno ha implantado selectivamente están aumentando rápidamente las posibilidades de contagio de su población, sino que no tienen cómo medirlo. Incluso, la estimación publicada por el CIPER indica que Chile habría dejado de medir adecuadamente alrededor del 25 de marzo.

La idea de que una persona que se recupere del COVID–19 pueda ser inmune al virus tiene sus cimientos en la manera en que el cuerpo humano reacciona ante miles más de virus con que convivimos en la cotidianidad.

Dado que de momento no hay tratamiento específco para el COVID–19, lo que se hace es mantener lo más estable posible al paciente mientras su sistema inmune hace frente al virus. En esta medida, se entiende que quienes lograr recuperarse han desarrollado los anticuerpos necesarios para ello. Incluso, algunos pacientes recuperados están siendo “cosechados” para inyectar sus anticuerpos en personas aún aquejadas por la enfermedad.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado explícitamente la emisión de carnets de inmunidad porque la presencia de anticuerpos indica que el organismo ha hecho frente al virus, no necesariamente es prueba de inmunidad.

La Asociación Chilena de Inmunología también hizo un llamado a la prudencia advirtiendo la falta de estudios sobre el desarrollo de inmunidad para el COVID–19 y recordadno que para el caso de otros coronavirus conocidos, la experiencia con otras clases indica que esta inmunidad podría rondar los tres meses.

En este orden de ideas, si una persona se hiciera inmune por sólo tres meses, el Estado tendría que controlar que solamente estuviera expuesto y circulando durante ese periodo de tiempo y luego volviera a resguardarse, lo que sería un reto logístico colosal, por decir lo menos.

El otro punto sobre el que llama la atención la Asociación Chilena de Inmunología es que una vez una persona deja de mostrar síntomas de la enfermedad, no por ello deja de transmitirla. La reducción de la carga viral en el paciente es progresiva, no abrupta y de momento no sabemos por cuánto tiempo una persona “recuperada” sigue teniendo el potencial para infectar a otros.

Necesariamente tendremos que buscar formas de reinventarnos la vida mientras pasan, al menos, los 18 meses que se estima que tardará el desarrollo de cualquier vacuna, pero el proceso de lograrlo será lento, doloroso y estará minado de duelos. No obstante, la prudencia y escuchar las recomendaciones de la comunidad científica puede ayudar en el camino.