El Fondo Méxicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) y varios legisladores presentaron este miércoles una demanda para detener un programa de verificación de domicilio de 10.000 presuntos indocumentados que han obtenido licencias de conducir en Nuevo México.

La demanda presentada ante la Corte del Distrito de Santa Fe argumenta que es ilegal tratar de forzar a extranjeros con licencias de conducir a comprobar que efectivamente residen dentro de ese estado.

El pasado mes de julio, la gobernadora Susana Martínez anunció el envío de cartas a presuntos indocumentados escogidos al azar en las que se les pide hacer una cita en un centro establecido con este propósito para que acudan con documentación que sirva como comprobante de su actual residencia.

La demanda fue interpuesta contra el Departamento de Impuestos y Rentas de Nuevo México en nombre de un grupo legisladores estatales y residentes del estado.

La querella legal pide al tribunal detener la implementación del programa conocido como "certificación de residencia".

Martha Gómez, abogada de MALDEF, dijo que este programa señala a un grupo específico de personas, lo que representa un gasto excesivo de los recursos del estado que nunca fue autorizado, ratificado o inclusive considerado por el Legislativo estatal.

"Este programa viola los derechos de los residentes de Nuevo México y pasa sobre los deseos de la Legislatura estatal", enfatizó la abogada.

Desde que fue electa como gobernadora, Martínez ha intentado terminar con una ley estatal aprobada en 2003 que otorga licencias de conducir a personas que no cuentan con un número de Seguro Social.

Actualmente, Nuevo México es solo uno de dos estados en el país que sigue otorgando licencias de conducir a personas "sin papeles". El otro es Oregon.

La mandataria republicana ha declarado en varias ocasiones que esta práctica ha convertido al estado de Nuevo México en un "imán" para inmigrantes indocumentados que vienen de otros estados con el solo propósito de obtener un permiso para conducir.

Hasta el momento, todos los intentos de Martínez de terminar con esta ley estatal han fracasado ante la falta de apoyo de los legisladores estatales.

A pesar de ello, la gobernadora aseguró que impulsará nuevamente esta propuesta durante una sesión legislativa especial el próximo mes de septiembre.

Durante el anuncio del programa de "certificación de residencia", Martínez aseguró que se han detectado varios casos de fraude en los que individuos en Nuevo México proveen documentación a inmigrantes indocumentados para que obtengan una licencia de conducir y después regresen a otros estados.

Uno de los legisladores estatales que forma parte de la demanda es el demócrata Miguel García, quien patrocinó la ley estatal del 2003 que otorga licencias de conducir a los indocumentados.

García considera que el único motivo de Martínez para terminar con esta práctica son intereses políticos.