La secretaria de Seguridad Nacional,
Janet Napolitano, anunció hoy que el Gobierno de EEUU sólo concederá
contratos públicos a empresas que identifiquen a sus empleados con
"E-Verify", un sistema criticado por sindicatos y grupos latinos.

Napolitano defendió hoy este programa, diseñado por la
administración de George W. Bush para verificar si un empleado tiene
visado de trabajo, por encima de otros sistemas basados en los
números de Seguridad Social, como "No Corresponde" (No-Match), que
el Departamento pretende rescindir.

"E-Verify es una herramienta simple, eficaz e inteligente que
refleja nuestro compromiso de trabajar con empleadores para mantener
una fuerza de trabajo legal", dijo Napolitano.

La secretaria consideró que "exigir el uso de este sistema a
quienes solicitan contratos federales creará una fuerza de trabajo
más confiable y legal, y complementa los esfuerzos continuos de
nuestro Departamento para reforzar el cumplimiento de las leyes de
inmigración y proteger cruciales oportunidades de empleo".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló en un
comunicado que los contratistas y subcontratistas que quieran optar
a una concesión pública, incluyendo quienes reciban fondos de la Ley
para la Recuperación Económica, tendrán que hacer uso de este
sistema a partir del próximo 8 de septiembre.

Para comprobar que el empleado está autorizado a trabajar,
"E-Verify" compara electrónicamente la información de su Formulario
de Verificación de Autorización de Trabajo (I-9) con las bases de
datos del gobierno federal.

El programa ha suscitado las críticas de grupos defensores de los
inmigrantes y los elogios de los que piden una regulación más
estricta contra los indocumentados.

Además, los sindicatos y grupos empresariales y cívicos señalan
que las bases de datos sobre las que depende "E-Verify" están
repletas de errores, y que incluso le pueden costar el empleo a un
ciudadano estadounidense.

El debate llegó incluso a los tribunales a finales de 2008, con
una demanda de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que
cuestionaba la legalidad de exigir a los empleadores el uso de
E-Verify, por considerar que se trataba de un programa voluntario.
El caso continúa pendiente de revisión.

Para el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), el
programa "no está preparado para una expansión, y menos en un
momento de recesión económica".

Angela Kelley, vicepresidenta de política migratoria en el Centro
para el Progreso Americano (CAP), comparte esta preocupación.

"Es un programa joven, que empezó hace poco como un piloto para
ser utilizado a pequeña escala, y que cuenta con muchos errores en
sus bases de datos", dijo a Efe Kelley.

La experta del CAP cree que los esfuerzos de la administración
para limpiar las bases de datos son "un paso importante", pero que
debería haber esperado a asegurarse de que son fiables antes de
expandir el programa.

Según Kelley, el programa no provocará necesariamente un éxodo de
inmigrantes ilegales, pero sí puede "fomentar la economía
sumergida", al dificultar las posibilidades de trabajo para las
indocumentados, que buscarían empleos pagados al contado.

Para Clarissa Martínez, directora de inmigración del Consejo
Nacional de La Raza (NCLR), el programa es una "medida a medias" que
no va a resolver los "problemas estructurales" de un sistema que
"requiere una reforma migratoria integral".

Ante estas acusaciones, la secretaria reconoció que es necesario
"continuar la labor de mejorar el sistema", y aseguró que en los
últimos meses le han incorporado nuevas funciones y procedimientos
para reducir errores.

En cuanto a los temores de los grupos de inmigrantes legales de
que el programa pueda perjudicarles, la secretaria indicó que el
Departamento ha incorporado los datos de pasaportes de los que
dispone y ha añadido el acceso directo desde el sistema a las bases
de datos de naturalización.

Según el DHS, "E-Verify" ha procesado más de seis millones de
consultas desde octubre de 2008, y más de 1.000 patrones se
inscriben en el programa cada día para comprobar si sus trabajadores
cumplen con las normas legales para trabajar en el país.