El Departamento de Justicia de EEUU
ordenó hoy la asignación de abogados competentes para defender los
casos de inmigrantes indocumentados en proceso de deportación.

La orden, emitida por el Secretario de Justicia, Eric Holder,
deroga una resolución del gobierno del presidente George W. Bush que
limitaba el derecho de extranjeros a exigir una defensa legal
competente en proceso de inmigración.

Al justificar su decisión, el entonces secretario de Justicia
Michael Mukasey afirmó que la Constitución de EEUU no concedía a un
deportado potencial el derecho a apelación bajo el argumento de que
su abogado no había hecho un trabajo eficiente en su favor.

Según dijo Holder en una declaración, "la integridad de esos
procedimientos de inmigración depende en parte de la capacidad de
plantear reclamos de ayuda legal ineficiente y la decisión del
Departamento de Justicia en este sentido es justa y transparente".

Agregó que la decisión ha sido guiada por "nuestro compromiso
hacia la vigencia de la ley".

El dictamen del Departamento de Justicia ordena a la Oficina
Ejecutiva de Revisión Inmigratoria que inicie procedimientos "lo más
pronto posible" para evaluar el marco actual vinculado con las
quejas sobre asesoramiento jurídico ineficiente y solicite
comentarios públicos.

Los grupos defensores de los indocumentados habían criticado esa
decisión por considerar que constituía una virtual discriminación
jurídica dirigida contra los inmigrantes.

"Este es el principio del proceso debido en el sistema de
inmigración", manifestó un portavoz de la Asociación de Abogados de
Inmigración de EEUU.

Agregó que reconoce que a los inmigrantes clandestinos no se les
puede tratar de forma diferente y deben recibir los mismos
beneficios que la Constitución otorga a cada persona.