Hay modos de retorcer la palabra hasta el punto de que lo que podría ser un hito histórico sea simple y llanamente una capa de pintura, e incluso mucho peor. Un sembrado de contradicciones.

La aprobación el pasado jueves por la Cámara de Representantes de Puerto Rico de un conjunto de leyes civiles para proteger los derechos de las personas LGBTQ más allá de verse como una victoria es para algunos expertos legales, activistas y miembros de la oposición un arma de doble filo que podría alimentar una mayor discriminación hacia las personas trans. 

"El anterior código civil de Puerto Rico es de 1930 - era total y completamente obsoleto", señaló el representante José Meléndez del Partido Nuevo Progresista a Reuters. 

Para Meléndez no sólo el antiguo código no reflejaba las decisiones clave de la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino que empleaba  un lenguaje contrario a los derechos de los LGBTQ. "Lo que se está haciendo es actualizar", afirmó. 

"A primera vista parece que no hay nada malo, pero si se rasca la superficie, hay una obvia intención de discriminar".

Algunos de esos cambios de lenguaje tienen que ver con el matrimonio descrito como un contrato entre “dos personas” en lugar de hablar de hombre y mujer, reflejando la decisión de la Corte Suprema al legalizar el matrimonio gay en 2015. 

No obstante, tanto los opositores al gobierno de Wanda Vázquez como algunos juristas describen la redacción de este nuevo texto como “ambigua” y “contradictoria”, pudiendo ocasionar mayores obstáculos legales a las personas trans. 

"A primera vista parece que no hay nada malo, pero si se rasca la superficie, hay una obvia intención de discriminar", dijo Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia.

Un ejemplo citado por los crítico es la forma en que se habla de la capacidad que tienen las personas trans para cambiar el género en sus certificados de nacimiento, algo que pueden hacer de forma legal desde 2018.

Según el código actualizado, nada “socava el proceso ya establecido” para que una persona cambie de sexo legalmente, pero las enmiendas al sexo de nacimiento de una persona en los certificados de nacimiento originales "no pueden ser autorizadas".

De esa forma, lo que por un lado se permite, se prohíbe por el otro. Lo que deja a las personas trans, de acuerdo a los activistas de derechos, en un verdadero limbo legal que podría causar una mayor discriminación para un grupo ya de por sí estigmatizado. 

“Esto es claramente inconstitucional”, señaló a este respecto Pedro Julio Serrano, un activista LGBTQ.

Para el diputado del Partido Popular Democrático Luis Vega la simple anotación en el certificado de nacimiento de una persona de su identidad de género “se presta a la estigmatización y a una enorme discriminación", ya que el certificado “ tendría una especie de marca o mancha que lo distingue de todos los demás en Puerto Rico".

Ahora la pelota está en el tejado de la Gobernadora Wanda Vázquez, que tiene diez días para aprobar el proyecto de ley, aunque no parece muy proclive a escuchar las quejas sobre el nuevo código.

Tan sólo el pasado mes de abril fallecieron tres mujeres trans en la isla por un crimen de transfobia. 

El pasado miércoles Vázquez escribía en Twitter que el texto aprobado el lunes por el Senado incluía las enmiendas adecuadas "para garantizar la permanencia de los derechos ya alcanzados".

Todo ello cuando Puerto Rico vive una oleada de transfobia que sólo en el pasado mes de abril acabó con la vida de tres mujeres trans, dos de ellas tiroteadas y la última colgada en un centro correccional, mientras que algunas semanas antes otra mujer trans había sido también asesinada en la isla después de que su imagen fuera difundida en redes sociales por utilizar un baño público femenino.