Este lunes, los representantes de la campaña Unidos Pa’PR se dieron cita en la Alcaldía de Filadelfia para dar cuenta del avance que ha tenido la iniciativa humanitaria desde que se puso en marcha tras el paso del huracán María por Puerto Rico a finales de septiembre.

Entre octubre y la primera semana de diciembre, Unidos Pa’PR logró reunir $340.000 en donaciones hechas en Filadelfia, dinero que se ha utilizado para brindar artículos de necesidad básica en la isla (como filtros de agua, mosquiteros, toldos, linternas, comida no perecedera, agua potable, entre otros) a casi 2.000 familias, así como para apoyar las labores humanitarias del Salvation Army.

Adonis Banegas, director ejecutivo de Concilio -organización que actúa como receptora de las contribuciones–, señaló que el dinero provino de aproximadamente 1.200 donantes entre personas, empresas, iglesias y otros colectivos. “Nada de eso hubiera sido posible sin el trabajo fuerte de la comunidad que se ha unido y ha identificado a colaboradores [de la causa]”, expresó.

Por su parte, Bonnie Camarda, directora de Partnerships del Salvation Army capítulo Eastern Pennsylvania y Delaware, informó que en el transcurso de los casi tres meses después de María, la organización ha prestado apoyo humanitario a lo largo y ancho de la isla sirviendo más de 4 millones de cenas y realizando otras tareas de acompañamiento.

Con la rueda de prensa ofrecida este lunes, las organizaciones que hacen parte de Unidos Pa’PR (Taller Puertorriqueño, Salvation Army, APM, Concilio), junto a los diferentes líderes comunitarios y políticos de la ciudad, quisieron dar un reporte del estado de los esfuerzos y anunciar que su compromiso por la reconstrucción de la isla permanecerá intacto hasta alcanzar esa meta.

Carmen Febo San Miguel, directora de Taller Puertorriqueño, hizo énfasis en la necesidad de que los esfuerzos por ayudar a Puerto Rico también se desarrollen en el escenario político, dada la crisis económica que azotaba a la isla antes de los huracanes Irma y María y que fue profundizada con el paso de la última.

Sobre este aspecto, varios líderes políticos puertorriqueños de diferentes municipios de Pensilvania le enviaron una carta a la delegación del Estado en el Congreso exigiendo dos medidas básicas para aliviar la crisis boricua:  

Uno, que la discriminación en contra de sus paisanos residentes en la isla se detenga y se les garanticen los mismos derechos que todo ciudadano estadounidense tiene. 

“Hoy, cinco millones de puertorriqueños en territorio continental están indignados con el tratamiento que han tenido los 3.4 millones de familiares en Puerto Rico”, se en uno de los apartes de la misiva.

El otro punto fundamental de la carta solicita el impulso de acciones legislativas que faciliten la recuperación de Puerto Rico, entre ellas, que se derogue la Ley Jones que prácticamente sigue siendo un obstáculo para el ingreso a la isla de bienes y ayuda humanitaria proveniente de otros países.

Otra de las medidas solicitadas por los políticos puertorriqueños de Filadelfia, Bethelem y Allentown, a los congresistas de Pensilvania en Washington D.C., tiene que ver con el proyecto de reforma tributaria que corre actualmente en el Congreso y que, de acuerdo con los peticionarios, le sumaría aún más daños a los cerca de $95.000 millones de dólares en pérdidas que dejó el huracán María. 

“El proyecto de ley tributaria trataría a Puerto Rico como si fuera otro país. Necesitamos equidad tributaria para los habitantes de Puerto Rico para asegurarnos de que los problemas fiscales sustanciales que enfrenta la isla no empeoren la situación”, expresó Olga Negrón, concejal de Bethelem.

En concreto, la carta pide que se extienda el Child Tax Credit y que se le permitan a las familias que reúnan los requisitos de ley acceder Earned Income Tac Credit, así como adoptar medidas que faciliten el acceso de puertorriqueños a servicios de salud como la remoción de cualquier obstáculo en el acceso a los fondos federales de Medicaid de la misma manera que se hizo con los damnificados del huracán Katrina en 2005.

Los legisladores firmantes fueron la concejal de Filadelfia, María Quiñones-Sánchez; los representantes estatales ‘Angel Cruz y Emilio Vázquez; la concejal de Bethelem, Olga Negrón; y los concejales de Allentown Julio Guridy y Cynthia Mota.