El pasado mes de marzo, Fausto Sánchez Roblero, líder comunitario del pueblo Maya Mam en Guatemala, fue puesto en libertad después de dos años y tres meses encarcelado por un delito que no había cometido.  ¿El crimen en cuestión? Haber secuestrado a un trabajador de una hidroeléctrica en construcción en su municipio, San Pablo, en el departamento suroccidental de San Marcos, Guatemala.

Tras revisar el caso y comprobar que no había pruebas suficientes, un tribunal le declaró inocente, pero Sánchez no está dispuesto a olvidar la injusticia de dos años y tres meses que le tocó sufrir. Por eso, este mes de diciembre ha decidido emprender junto a Rolando López, otro representante del consejo Maya Mam, una ruta por diversas ciudades europeas para informar a la gente de las violaciones de derechos humanos que comete el estado guatemalteco contra las comunidades indígenas que se oponen a la construcción de megaproyectos como la hidroeléctrica Salá.   

“Fui víctima de una persecución política por defender nuestro territorio. Exigimos el respeto para la población Mam de San Pablo porque, según la ley, tenemos el derecho de protestas sociales y a ser consultados previamente sobre los proyectos que tienen impacto en nuestro entorno”, dijo Sánchez durante un encuentro con activistas sociales la semana pasada en Barcelona, primera parada de este viaje.  

“Todos estamos llamados a respetar a la madre Tierra. Y por eso nos oponemos a la forma sucia con la que se quieren llevar a cabo estos megaproyectos”, añadió Sánchez, un hombre delgado, con bigote oscuro y voz suave. “Creo que el estado guatemalteco no ha respetado la separación de poderes para poder mantener la represión contra los pueblos originarios que defienden los recursos naturales”, concluyó, sin alterarse.

En el año 2009, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala autorizó la licencia de edificación de la hidroeléctrica Salá en el municipio de San Pablo, un proyecto que aprovecharía el caudal del río Salá durante 50 años para generar 15 megavatios de energía, según la web guatemalteca Prensa Libre.  No obstante, el proyecto se encuentra suspendido desde enero de 2015, al dispararse la conflictividad social en la zona. Los miembros de la comunidad Maya Mam alegan que la concesión de la licencia se produjo sin llevase a cabo antes una consulta colectiva, un derecho reconocido en la Constitución.

“Hace 524 años, antes de la llegada de Cristóbal Colón y la invasión española, los pueblos originarios tenían su religión, sus costumbres, su cultura, su forma de ver el mundo. Con la invasión, se impuso otra cultura. Hoy en día seguimos gobernados por un estado que sigue gobernando con la misma perspectiva del colonizador, sin la mentalidad de entender otras civilizaciones y formas de vida”, se lamenta Rolando López, mostrando al público un mapa de Guatemala para poder ver cómo se reparten los 22 pueblos mayas que conviven en una franja que se extiende desde México a El Salvador.

“La división de poderes no se está usando para responder a las necesidades de los pueblos, sino para mantener el poder dominante”, constata López. “Incluso las políticas públicas se diseñan con esta visión. Inversión en salud, educación…  aquí nunca llegan. Eso quiere decir racismo y discriminación”, dice.

López lamenta que en provincias tan ricas en recursos naturales y mineros como San Marcos, más del 80% de la población viva en situación de pobreza.  “El gobierno estatal está vendido a los intereses de las grandes empresas”, dice. También critica que el estado guatemalteco anime a los jóvenes del país a unirse a las fuerzas militares y los entrene para “defender al pueblo”, cuando lo que hacen después es “suprimir a los pueblos”.

“Esta lucha entre comunidades y militares es una confrontación creada por el estado guatemalteco”, dice López. Según el activista, el estado guatemalteco ha llevado a cabo continuas violaciones de derechos humanos, asesinatos, violaciones de mujeres, allanamientos ilegales. “Mucha gente se ha visto obligada a huir del conflicto. A México, EE.UU. Panamá…”

Entre los que han huido de la violencia en los últimos meses está uno de los hijos de Fausto Sánchez, que emigró a EE.UU porque era perseguido y la familia necesitaba dinero, contó la esposa de Sánchez a Prensa Libre mientras su marido estaba en la cárcel.

Según López, la única forma de resistencia de los pueblos es organizarse y despertar la consciencia internacional. “Es importante que nuestra historia se sepa en el extranjero. Guatemala no cambiará sin el respaldo de la comunidad internacional”, dice López, agradeciendo al público barcelonés que haya venido a escucharlos.

En los últimos años, diversos sectores de ámbito nacional, entre ellos el Consejo de Pueblos de Occidente y la Comisión Paz y Ecología, también han denunciado que casos como el Sánchez son un ejemplo de la criminalización por parte del estado guatemalteco de líderes comunitarios que se oponen a la explotación de los recursos naturales.

“Se le persigue pensando en que son opositores, cuando lo único que han hecho es defender su derecho legítimo, porque no han sido consultados sobre la construcción del proyecto”, afirmó Eluiv Orozco, del Consejo de Pueblos de Occidente, citado en la web Prensa Libre.