La política de mano dura contra la inmigración ilegal iniciada por la administración Trump en los últimos meses ha despertado el miedo a la deportación en las comunidades inmigrantes de los EEUU. Sin embargo hay un grupo que sigue a salvo: los 'Dreamers', como se conoce popularmente a los beneficiarios del DACA, el programa instaurado por el ex presidente Barack Obama en 2012 que da derecho a vivir y a trabajar en los EEUU a los jóvenes indocumentados que entraron en el país de forma ilegal con menos de 16 años.

Según cifras reveladas la semana pasada por el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los EEUU, más de 17,000 inmigrantes han aplicado por primera vez para ampararse en el programa DACA desde enero de este año. El DACA Deferred Action for Childhood Arrivals) es un permiso temporal y debe renovarse cada dos años. Los requisitos básicos para obtenerlo son básicamente tres:  haber entrado en el el país con anterioridad a 2007, ser estudiante de Secundaria y no haber cometido ningún crimen o infracción penal. 

Las estadísticas del Departamento de Inmigración revelan además que otros 107,000 inmigrantes que ya tienen el estatus de ‘Dreamers” solicitaron la renovación de su permiso DACA.

En la actualidad hay cerca de 750,000 inmigrantes amparados por el DACA en todo EEUU. La renovación del permiso se limita a un proceso burocrático, que implica a una entrevista con el ICE, rellenar formularios y pagar a un abogado. Hasta ahora era relativamente fácil de conseguir.

No obstante, los casos recientes de arresto de Dreamers en el país han puesto de manifiesto que bajo el mandato de Trump los agentes de inmigración están mirando con lupa el requisito fundamental para su renovación: no haber cometido ningún crimen o infracción penal.  

El caso más polémico ha sido el de Jessica Colotl, una inmigrante mexicana residente en Georgia, que a principios de este año vio cómo las autoridades de inmigración (ICE) le denegaban su renovación al programa DACA, alegando una infracción de tráfico cometida en 2011.

Finalmente, después de casi seis meses de litigaciones y abogados, Colotl ha conseguido librarse de la deportación. El lunes, un juez federal en Atlanta dictaminó que la inmigrante mexicana fuese readmitida en el programa DACA y se detuviera su proceso de deportación.

Para muchos DACA (en su mayoría son Latinos), perder su estatus legal temporal puede suponer la deportación a un país que abandonaron de pequeños y que apenas recuerdan, además de renunciar a unas oportunidades de futuro en EEUU. Tener el estatus DACA, por otro lado, les permite tener acceso a una educación de calidad y a ofertas de trabajo calificadas, sin tener que vivir en la clandestinidad o huyendo del peligro de segregación social que sufren los 11 millones de indocumentados residentes en EEUU.

Poco después de asumir la presidencia, Donald Trump aseguró que los Dreamers no serían el objetivo de su campaña de mano dura contra los indocumentados, a los que acusa de estar detrás del crimen e inseguridad en el país.

Su política de tolerancia hacia los DACA ha enervado a algunos de sus seguidores más conservadores, que lo ven como una falta de compromiso del presidente con sus promesas electorales, informaba este lunes el diario The Washington Post.

Entre ellos está la organización de derechas Numbers USA o el periodista radiofónico Dale Jackson, que en una rueda de prens esta semana en la Casa Blanca insistió en saber por qué Trump no ha finiquitado aún el programa DACA o ha iniciado la construcción del muro en la frontera con Mexico.

El secretario de Securidad Nacional, John F. Kelly respondió que “a pesar de que seguiremos manteniendo en 1 millón la cifra de inmigrantes legales por año, no vamos a propiciar un contexto favorecedor a los movimientos transfronterizos ilegales," según reportó The Washington Post.