Esta es una pregunta que ha surgido en medio de la crisis de desalojo de Filadelfia, circunstancia que muchos consideran como sencillamente una prolongación de la crisis hipotecaria que afectó previamente la ciudad.

Cada año, miles de ciudadanos enfrentan el desalojo de sus propiedades alquiladas. Desde pozos de lodo en sus sótanos hasta copos de nieve en los suelos de sus habitaciones, los más pobres de la ciudad están sufriendo terribles condiciones de vida y aún intentan navegar la inminente amenaza de perder las casas improvisadas con las que cuentan.

Aunque esto pueda parecer la historia de propietarios con mala pinta, intentando aprovecharse de las comunidades empobrecidas, muchas veces los mismos propietarios comparten la misma categoría de ingresos que sus inquilinos, y frecuentemente viven en los mismos barrios.

La falta de licencias, las violaciones de códigos y los avisos de la Agencia de Licencias e Inspección de la ciudad, son las circunstancias más frecuentes que enfrentan los propietarios que alquilan inmuebles en malas condiciones, un síntoma que podría deberse a una ciudad, como ha dicho el Alcalde Kenney, donde la gente hereda propiedades de generación en generación.

Pero el grupo que está aprovechando la oportunidad desde la comodidad fuera del rango salarial, según la Concejal María Quiñones-Sanchez, son PECO y PGW.

Miembros del Ayuntamiento llevaron a cabo una audiencia la semana pasada sobre la crisis de desalojo que enfrenta la ciudad y que afecta de manera desproporcionada a madres solteras, personas de color y comunidades pobres, siendo necesaria una ayuda extra para asegurar que nadie se está aprovechando de estos grupos.

“Que alguien no tenga una licencia no significa que deban dejar de alquilar. Así que parte de nuestra preocupación es que, si bien quieren identificar a personas por incumplimiento, esto no significa que dejan de existir. No queremos crear un ambiente donde todo esté en el radar y es más difícil sacar a estas personas (…) Aún hay 50.000 unidades que no tienen licencia (…) Hemos comenzado las conversaciones con PGW y PECO porque han establecido muchos contadores de metros pero no verifican que las propiedades tengan licencias y estén zonificadas antes de poner eso en marcha (…) así que allí existe una oportunidad de llamar la atención en el terreno”.

De acuerdo con la Concejal Sánchez, ella y otros miembros del Ayuntamiento supieron que debido a asuntos de privacidad, las compañías no harían públicos los datos a la ciudad. Pero a medida que se establecen conversaciones, y los miembros de la comunidad protestan para proteger sus hogares, PECO y PGW deberán responder por sus acciones.

La falta de cooperación entre los residentes, los legisladores y estas compañías en Filadelfia ha sido calificada como uno de los mayores obstáculos para poner fin a esta crisis de desalojo. Pero entre las preocupaciones, oficiales de la ciudad han compartido un compromiso renovado por poner fin a la inseguridad habitacional en una ciudad con una tasa de pobreza entre las más altas de la nación.

“Este es un Ayuntamiento que está intentando tomarse este asunto muy seriamente. De una u otra manera, gran parte del trabajo que intentamos llevar a cabo no es solamente hablar sobre la pobreza sino desentrañar las maneras en las que se vive la pobreza en esta ciudad. Y una de esas tiene que ver con la situación del desalojo. Estamos viviendo en Filadelfia una crisis de desalojo que afecta a los más pobres en la ciudad con más pobreza de la nación. El año pasado, 24.000 familias se vieron desalojadas y esas son tan sólo de las que sabemos y que introdujeron un proceso legal. Uno de cada catorce inquilinos en Filadelfia enfrenta el desalojo (…) esta es una crisis que afianza la pobreza y disemina la mendicidad”, dijo la Concejal Gym, quien patrocina la ley.