El Senado aprobó este jueves una extensa reforma
migratoria que legaliza a la población indocumentada y fortalece la
seguridad fronteriza, pero afronta un rumbo incierto ante las
advertencias republicanas de que ésta encontrará su tumba en la Cámara
de Representantes.

Esta reforma, una tarea inconclusa desde el
último intento en 2007, fue aprobada por 68 a 32, con el "sí" de 14
republicanos que se sumaron a los 52 demócratas y dos independientes.

Sin embargo, y pese al riesgo político que supone de cara al
creciente electorado hispano, los republicanos han asegurado que la
reforma, tal como fue aprobada este jueves, encontrará su tumba en la Cámara
Baja.

"Este proyecto de ley se aprobará en el Senado, pero no
con mi voto, y en su versión actual, no va a convertirse en ley",
sentenció el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch
McConnell.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano
John Boehner, aseguró que su bancada se reunirá el próximo 10 de julio
para trazar su propia estrategia y no hará un simple calcado de la
versión del Senado.

El "Grupo de los siete" que negocia la
reforma en la Cámara Baja -uno menos que los ocho del Senado, después de
la renuncia del republicano Raúl Labrador- aún no ha presentado su
propio plan.

El congresista demócrata Luis Gutiérrez, miembro
de ese grupo, dijo que "ha comenzado la cuenta atrás no solo para el
Partido Republicano, sino también para los 1.400 indocumentados que son
deportados cada día ante la ausencia de una reforma".

En el
complejo entramado parlamentario, las opciones para la Cámara Baja son
pocas y cada una tiene sus riesgos: rechazar la versión del Senado y
elaborar una similar; debatir una completamente nueva, o debatir medidas
parciales por separado e incorporarlas en un solo paquete.

En
todo caso, las dos versiones tendrían que ser armonizadas en un solo
texto y votado de forma definitiva, previsiblemente después del receso
de agosto.

La del Senado, la mayor desde la de 1986, se apoya
en tres pilares: la legalización de los indocumentados; la regulación de
futuros flujos migratorios, y el reforzamiento de la seguridad en la
frontera con México, por donde se cuela la mayoría de los
indocumentados.

El punto fundamental de la medida, negociada
entre bambalinas desde enero pasado por el "Grupo de los ocho" del
Senado, es que sin el sellado de la frontera no habría posibilidad de
conseguir la residencia permanente.

Los expertos coincidieron hoy en que, al contrario que en 2007, el panorama político ahora es más propicio.

"La gente subestima el enorme cambio político que ha habido desde
2007. El voto en el Senado ayudará a dar forma al debate en la Cámara de
Representantes, y creo que ésta también apoyará la reforma migratoria",
dijo a Efe Angela Kelley, analista del progresista Centro para el
Progreso Estadounidense (CAP).

El cambio responde
en parte al creciente poder político de los inmigrantes: el presidente
Barack Obama ganó la reelección en 2012 con el 71 por ciento del voto hispano,
frente al 27 por ciento que recibió su rival republicano, Mitt Romney.

Aunque la reforma contiene medidas que sentaron mal en México respecto a
la vigilancia fronteriza, Kelley consideró que se trató de escoger el
menor de los males y la iniciativa "es un logro sustancial para
regularizar a los indocumentados".

Stephen Yale-Loehr,
profesor de leyes y experto en asuntos migratorios en la Universidad de
Cornell, advirtió de que muchos legisladores creen que la versión del
Senado se quedó corta y que el Congreso "no debe legalizar a ningún
indocumentado bajo ninguna circunstancia".

Boehner exige que
la reforma tenga el apoyo de la mayoría de los republicanos "y hasta
ahora eso parece poco probable", señaló.

Los partidarios de la
reforma llegaron a la mesa de negociaciones cargados de argumentos
sobre los beneficios económicos y de seguridad nacional del plan
reformista.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del
Congreso indicó que, con la reforma, la economía crecerá en un 3,3 por ciento en
la próxima década y en 5,4 por ciento la siguiente, y se reducirá el déficit en
197.000 millones de dólares para 2023.

Pero sus detractores se
escudaron en la incipiente recuperación económica de EE.UU. para
señalar que la prioridad debe ser crear empleos para los 22 millones de
personas sin trabajo o subempleadas.

Algunos republicanos de
la Cámara Baja, como la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen,
creen que, pese al escabroso camino, ese órgano legislativo también hará
historia.

"El voto bipartidista en el Senado muestra que
Washington puede transcender a las políticas partidistas por el bien de
la nación", dijo Ros-Lehtinen en un comunicado.

"Espero que
mis colegas en la Cámara Baja también harán su parte para asegurar
nuestras fronteras y ayudar en la búsqueda de una solución para las
familias inmigrantes en nuestro país, que pueden crear empleos y
contribuir a nuestra economía", puntualizó.