El Tribunal de Apelaciones del Décimo
Distrito con sede en Denver dictaminó en un fallo difundido este martes que las
personas indocumentadas no tienen el derecho a poseer armas de fuego, a
pesar de que ese derecho se enumera en la segunda enmienda de la
Constitución estadounidense.

En su fallo del lunes, el
tribunal federal se pronunció así sobre el caso de Emmanuel
Huitron-Guizar, residente en Wyoming e indocumentado, quien, en el
momento de ser arrestado el año pasado, tenía armas de fuego en su
poder.

Según el tribunal, los inmigrantes indocumentados
solamente tienen "protección limitada" de sus derechos bajo la
Constitución y esa protección no incluye el derecho a portar armas de
fuego.

Huitron-Guizar estuvo en la cárcel del condado Natrona
en Wyoming hasta el 15 de julio de 2011 y pasó luego a custodia de las
autoridades federales de inmigración, según el reporte emitido por ese
centro de detención.

En declaraciones a los medios en Denver,
Ronald Pretty, abogado defensor de Huitron-Guizar indicó que su
argumento fue que, aunque es verdad que ciertas personas quedan
excluidas del derecho a portar armas, como los exconvictos y aquellos
con problemas de salud mental, esas exclusiones no se aplican a los
inmigrantes indocumentados.

Por eso, según Pretty, los
indocumentados deberían tener el mismo derecho que los ciudadanos
estadounidenses a comprar armas, sea para actividades de caza o para
protección personal.

Tras el rechazo de esos argumentos por
parte del tribunal de apelaciones, Pretty aseveró que planea llevar el
caso ante el Tribunal Supremo del país.

La segunda enmienda de
la Constitución, que otorga a las personas el derecho de mantener y
portar armas, fue adoptada en diciembre de 1791 y fuertemente debatida y
regulada desde entonces.