Uruguay necesita movilizar una "voluntad política" firme en el Gobierno de los EE.UU.
si quiere que desclasifique documentos sobre la dictadura uruguaya
(1973-1985), afirmó el experto de la organización National Security
Archive (NSA) de la Universidad George Washington, Carlos Osorio.

En una conferencia brindada en la sede de la Cancillería en
Montevideo, Osorio, responsable del proyecto de documentación del Cono
Sur de la organización, dedicada a recopilar y difundir información
contenida en los archivos oficiales del Gobierno de los EE.UU.,
indicó que la búsqueda de la información pasa necesariamente por contar
con una decisión política y que buscar esa aprobación debe ser el
primer trabajo si se quiere desentrañar la verdad.

"Desclasificar los documentos públicos relativos a ese período, como la
que se hizo en EE.UU sobre lo ocurrido en Argentina, solo sucede por
voluntad política de las altas esferas, y eso es lo que hay que ir a
buscar", explicó Osorio, que se encuentra en el país como asesor del
Gobierno uruguayo para la búsqueda de información relativa a la
dictadura uruguaya en los archivos estadounidenses.

Para
Osorio, una vez tomada la decisión de desclasificar la información, ya
importa poco qué administración gobierne en Washington porque los
"compromisos" se mantienen y no suele haber "zancadillas", puesto que
además usualmente se emplean "como políticas de acercamiento a América
Latina".

La segunda lección a considerar a la hora de pedir la
apertura de un archivo, según el experto, es que "no toda la
información está en EE.UU." y que hay que poner las "expectativas en perspectiva".

Así, Osorio señaló que con las desclasificaciones de documentos
estadounidenses para lugares como Guatemala, Chile o El Salvador,
procedentes del Departamento de Estado, la CIA o el Departamento de
Defensa, es difícil encontrar "información directa" sobre violadores de
los derechos humanos.

"Sí es más fácil encontrar información
sobre la cadena de mando, con documentos en los que se señala quién
ordenó qué cosa a quién. Ahí ya aparecen responsabilidades de
operaciones en particular. Después podemos decir si hay bastante
documentación sobre la responsabilidad del Estado en promover una
política de terrorismo", añadió.