El Grupo de Trabajo encargado de evaluar el
controvertido programa federal "Comunidades Seguras", ha recomendado una
serie de reformas para incrementar su transparencia y dar prioridad a
la deportación de criminales.

La Oficina de Inmigración y
Aduanas (ICE) debe dejar en claro que quienes violan las leyes de
inmigración o afrontan cargos por delitos menores "no son la máxima
prioridad" para la deportación, a menos que supongan un "grave riesgo"
para la seguridad pública o nacional, indicó el informe de 33 páginas,
divulgado hoy en internet.

En ese sentido, la toma de huellas
digitales dentro del programa ya no debería "conducir a los agentes
federales a deportar a inmigrantes arrestados por policías locales por
infracciones de tráfico menores", dijo el documento.

El Grupo
de Trabajo recogió las críticas de los detractores de "Comunidades
Seguras" de que el programa ha fracturado a las familias y comunidades
inmigrantes y, ante el temor a la deportación, ha generado una mayor
desconfianza hacia la policía.

El presidente del Grupo de
Trabajo, Chuck Wexler, consideró lógico que la Policía pierda
credibilidad en las comunidades si incluye en la lista de "deportables" a
quienes cometen delitos de menor cuantía.

El programa
"Comunidades Seguras" fue puesto en marcha en 2008 por el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de deportar a criminales
peligrosos, a los detenidos en la frontera y a quienes continúan
violando las leyes de inmigración.

Bajo este programa, las
Policías locales y estatales deben compartir las huellas digitales de
todo detenido con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y con el
DHS, que mantiene expedientes sobre infracciones migratorias.

El programa ha sido objeto de críticas de grupos cívicos y religiosos
porque, según cifras oficiales, también se ha utilizado para deportar a
personas por infracciones menores.

En el año fiscal 2010, cerca de 200.000 indocumentados sin antecedentes penales fueron deportados, según cifras oficiales.

Ahora, el Grupo de Trabajo, inicialmente conformado por 20
representantes comunitarios, policiales y sindicalistas, emitió sus
recomendaciones al DHS para reformar el programa.

El Grupo,
que realizó cuatro foros comunitarios para evaluar el programa,
recomendó que el DHS "fortalezca los mecanismos para la rendición de
cuentas, incluyendo medidas para la prevención de violaciones a los
derechos y libertades civiles".

El documento criticó la
confusión creada tras la puesta en marcha de "Comunidades Seguras" sobre
si la participación de la policía local era o no voluntaria, y
determinó además que, pese a las intenciones manifiestas del programa,
éste ha tenido un impacto negativo en la seguridad pública.

"Si las personas no confían en la policía, tendrán menos voluntad de
servir como testigos o denunciar crímenes. Por lo tanto, algunos
miembros del Grupo de Trabajo creen que deben respetarse las decisiones
de las jurisdicciones locales sobre su participación en Comunidades
Seguras", indicó.

Cinco miembros del Grupo, incluyendo un
activista a favor de una reforma migratoria y tres líderes
sindicalistas, renunciaron el miércoles pasado por considerar que las
recomendaciones no son suficientes para corregir un programa al que
tacharon de demasiado fallido.

La meta del DHS es ampliar el programa a todo el país para 2013.