La gobernadora de Nuevo México, Susana
Martínez, mantiene firme su propósito de eliminar las licencias de
conducir para los indocumentados y tras haber fracasado un intento en la
pasada sesión legislativa, ahora exige que los inmigrantes comprueben
que efectivamente residen en el estado.

Martínez anunció esta
semana que el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) comenzará a
enviar alrededor de 10.000 cartas a inmigrantes indocumentados escogidos
al azar que han obtenido licencias de conducir en las que se solicitará
que comprueben que aún viven en el estado.

Las personas que
reciban esta carta tendrán un periodo de 30 días para hacer una cita con
DMV y presentar documentos que prueben su residencia en el estado como
son recibos de servicios, estados bancarios o contratos de renta.

Si la persona no se presenta en el tiempo indicado, perderá su licencia de conducir.

Durante su campaña a la gobernación, Martínez se comprometió a
terminar con una ley estatal aprobada en 2003 que permite la emisión de
licencias de conducir a inmigrantes indocumentados que viven en el
estado.

Nuevo México y Washington son los únicos estados del país que todavía otorgan licencias a conductores "sin papeles".

Martínez, la primera mujer hispana en ser gobernadora de Nuevo
México, trató infructuosamente de poner fin a esta ley estatal durante
la pasada sesión legislativa argumentando que esta práctica ha
convertido al estado en un imán para inmigrantes indocumentados que
llegan de otros lugares para obtener la licencia de conducir.

Activistas como Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza
por los Derechos Humanos, opinan que el anuncio de Martínez forma parte
de una política contra los inmigrantes más que un esfuerzo por mejorar
de seguridad pública.

"La gobernadora no ha escondido su deseo
de implementar políticas antiinmigrantes tipo Arizona", dijo García hoy
a Efe en entrevista telefónica.

Lamentó que la mandataria
republicana, que representa un estado con el porcentaje más alto de
población hispana en el país y la mayoría residente legal, esté
impulsando iniciativas "antihispanas, antilatinas y antiinmigrantes".

El activista dijo que este nuevo requisito de verificar las
direcciones de inmigrantes indocumentados tiene el solo objetivo de
"preparar el camino" para que Martínez presente nuevamente su propuesta
en contra de esta ley durante una sesión especial de la legislatura
estatal que comenzará el próximo mes de septiembre.

"Este es
un intento para modificar la política de Nuevo México y la legislación
que actualmente existe", enfatizó el director de la organización que
opera en Nuevo México y Texas.

A su juicio, negar licencias de
conducir a inmigrantes indocumentados Martínez atenta contra la misma
seguridad del estado, ya que éstas permiten conducir sin problemas,
seguir las leyes de tránsito y comprar seguros de automóviles.

"(Martínez) Quiere que los indocumentados se vuelvan más clandestinos de lo que ya son", aseveró.

En los últimos meses el estado de Nuevo México se ha enfocado en
detectar y presentar cargos en contra de aquellas personas que han
abusado el sistema para obtener una licencia de conducir.

El
pasado mes de marzo se presentaron cargos contra cuatro personas que
cobraban 6.000 dólares para ayudar a extranjeros a obtener comprobantes
de residencia en Nuevo México para obtener licencias de conducir.

En opinión del activista, las intenciones de Martínez no reflejan los
deseos de los votantes de Nuevo México y solo benefician su campaña
política.

Se calcula que 85.000 extranjeros cuentan con
licencias de conducir de Nuevo México, de los cuales se desconoce
cuántos son inmigrantes indocumentados.