El Supremo rechazó este lunes una demanda colectiva por discriminación sexual contra Walmart, en lo que supone una victoria para la empresa en un caso que se ha convertido en un símbolo en la lucha contra la discriminación laboral en EE.UU.

La demanda contra esta cadena de tiendas minoristas, la mayor del mundo, fue iniciada en 2001 por seis mujeres que denunciaron discriminación tanto en la capacitación como en las promociones y en las remuneraciones, si bien se sumaron a ellas otras 500.000 empleadas.

En un momento determinado del proceso judicial, las demandantes lograron que un juez convirtiera la denuncia en una demanda colectiva, con lo que se hizo extensible a 1,6 millones de empleadas o exempleadas de la cadena.

No obstante, los jueces de la Corte Suprema dictaminaron este lunes que en este caso no cabía una demanda colectiva, en línea con lo que había argumentado este gigante de la distribución comercial.

"Nos complace el dictamen y creemos que el Tribunal tomó la decisión correcta", señaló en un comunicado la vicepresidente de Walmart, Gisel Ruiz, quien recordó que "Walmart ha tenido durante muchos años políticas muy enérgicas contra la discriminación".

Por unanimidad en algunos aspectos, y con disensiones en otros, el Supremo dictaminó que los abogados de las demandantes no habían probado que existiese una política general en Walmart que condujera a la discriminación por género.

La querella, si se hubiese aceptado como demanda colectiva, podría haber conducido a compensaciones e indemnizaciones por miles de millones de dólares.

El juez Antonin Scalia, que escribió el veredicto de 27 páginas, indicó que las demandantes no tenían suficientes razones en común para que las demandas se convirtieran en una sola querella colectiva.

Las demandantes deberían presentar pruebas significativas de que Walmart opera bajo una política general de discriminación sobre remuneraciones y promociones que aplica en todas sus tiendas y a todas sus empleadas.

La jueza Ruth Bader Ginsburg, que escribió el disenso parcial al cual se sumaron Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, indicó que las demandantes podrían proceder con su querella bajo un enfoque legal diferente al de la demanda colectiva.

El fallo de inmediato benefició a Walmart con un aumento de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Nueva York.

El caso ha sido una de las disputas recientes sobre relaciones laborales de más relevancia, en parte porque los magistrados del Supremo no habían manejado un caso sobre certificación de demandas colectivas en más de una década.

Más allá de Walmart, tenían un interés en este caso otras firmas que afrontan querellas por discriminación por género y que han tomado forma de demanda colectiva, entre las que se cuentan la aseguradora Cigna, el banco Goldman Sachs, la farmacéutica Bayer AG, la informática Toshiba, y la cadena de distribución mayorista Costco.

Más de veinte compañías expresaron ante el Supremo su respaldo a la posición de Walmart, incluidas Intel, Altria Group, Bank of America, Microsoft y General Electric.

Las demandantes, por su lado, han alegado que el rechazo de la demanda colectiva dejaría a cada mujer la opción única de iniciar una querella individual contra Walmart en desigualdad de condiciones, teniendo en cuenta los costos y recursos legales necesarios para estos casos.

El caso comenzó en 2001, cuando seis empleadas demandaron a la compañía por discriminación tanto en su remuneración como en sus posibilidades de ascenso por razón de género.

La mujer que promovió la primera denuncia fue Betty Dukes, recepcionista en una tienda de Walmart en Pittsburg (California), tras constatar que la empresa la había discriminado tanto en el sueldo como en las posibilidades de promocionar por ser mujer y negra.

Once días después de que Dukes presentase su querella se le sumaron otras cinco mujeres, y luego la demanda se convirtió en un caso de discriminación por género en toda la compañía.

En junio de 2001, el juez federal de San Francisco Martin Jenkins aprobó agrupar el caso como querella colectiva, dentro de algunos márgenes de la ley que determina tales casos.

Walmart apeló al Tribunal Supremo bajo el argumento de que no había lugar para una demanda colectiva por tres razones. La primera, es que las mujeres "tenían diferentes empleos, en diferentes tiendas, en estados diferentes y bajo la supervisión de gerentes distintos".

La segunda se refiere a los salarios atrasados que reclamaban las demandantes, y que según la empresa, no está respaldada por la legislación actual bajo ninguna circunstancia.

El tercer argumento de los abogados de Walmart es que darle curso a la querella de un grupo tan grande violaría los derechos de la empresa bajo la Constitución de Estados Unidos, y los derechos de las empleadas que no estén involucradas directamente en el caso.

Walmart, con ventas por 400.000 millones de dólares y ganancias de más de 15.000 millones de dólares el año pasado, tiene 3.400 locales en 41 regiones de Estados Unidos, y cuenta con más de un millón de empleados.