En Colombia se han registrado más de 57.200
desaparecidos en las tres últimas décadas, de ellos 15.600 considerados
víctimas de desaparición forzada, reveló el representante en este
país del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Christian
Salazar.

Durante un seminario sobre desaparición forzada
celebrado en Bogotá, Salazar aclaró que estos datos están tomados de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Según el funcionario
de la ONU, "la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha,
probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas".

Y en referencia a las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó
que éstas fueron supuestamente "cometidas por agentes del Estado y
fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos".

Entre estas víctimas, añadió, "hay más de 3.000 mujeres y más de 3.000 personas menores de 20 años".

Para Salazar, la desaparición forzada "es una de las violaciones de
los derechos humanos más graves", y Colombia, subrayó, "es uno de los
países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos".

Según el representante de la ONU, "décadas de conflicto armado interno y
de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y
con ello un sufrimiento prolongado de sus familias".

Y agregó
que si cada familia de un desaparecido está compuesta de un promedio de
cuatro personas, "se puede estimar que en Colombia hay más de 100.000
víctimas de la desaparición forzada".

El funcionario de la ONU
recordó que Colombia adoptó la figura penal de la desaparición forzada
en 2000 y ratificó el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte
Penal Internacional (CPI), en 2002 con aplicación integral desde
noviembre de 2009.

Asimismo Colombia ratificó la Convención
Interamericana sobre la Desaparición Forzada en 2005 y el legislativo
estudia actualmente la ratificación de la Convención Internacional para
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

"Podemos constatar que los operadores judiciales en Colombia cuentan
con un marco normativo que les permite cumplir con la obligación de
investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición
forzada", indicó Salazar.

Pero, anotó, pese a ello "la lucha
contra la impunidad no ha tenido un progreso similar", al advertir de
que "hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo, y
en especial, por parte de la fuerza pública".

"Por décadas,
miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves
violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en
muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas", concluyó
Salazar.