Las medidas impuestas contra los inmigrantes indocumentados ha
incrementado la militarización de la frontera y muchos casos de
violaciones de los derechos civiles, según denunciaron varios
activistas.

"El golpe más reciente a los derechos humanos lo
vivimos este fin de semana cuando por cinco votos el Senado no aprobó el
Dream Act, dejando a su suerte a miles de jóvenes indocumentados que no
podrán seguir con sus estudios superiores", dijo Isabel García,
directora de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona.

Agregó que existen muchos políticos que prefieren continuar con la
militarización de la frontera que darles una oportunidad a estos jóvenes
que han crecido y han sido educados en los Estados Unidos.

"En los Estados Unidos actualmente tenemos mucho miedo, más miedo y otra
dosis de más de miedo en contra del inmigrante", sostuvo la activista.

García considera que cuando se combina el "miedo", la "ignorancia" y
la "arrogancia" surgen violaciones a los derechos civiles como los que
se viven día a día en Arizona.

En su opinión el indocumentado
se ha convertido en el "criminal internacional", en el que naciones como
los Estados Unidos invierten miles de millones de dólares en seguridad.

"En estos momentos Estados Unidos cuenta con un número de agentes
fronterizos, centros de detenciones y cárceles privadas en cifras nunca
antes vistas en la historia de este país", aseguró.

La
Patrulla Fronteriza tiene actualmente más de 18.000 agentes, de los
cuales 3.200 se encuentran asignados al sector limítrofe entre Arizona y
Sonora (México).

Enfatizó que este "miedo" hacia el
inmigrante ha provocado el surgimiento de iniciativas como la ley 1070, la primera en criminalizar a los inmigrantes indocumentados en
EE.UU.

"Lo más terrible es que al pueblo estadounidense parece
no importarle estas violaciones a derechos civiles porque son leyes que
aplican solo a 'ellos' (los inmigrantes indocumentados) y mientras no
les afecte directamente, no le importa", resaltó.

Para
activistas como Jason Aragón, representante del grupo "Migra Patrol", la
militarización de la frontera se está convirtiendo en parte de la
rutina de ciudades fronterizas como Tucson.

"Nunca antes
habíamos visto tantas patrullas de la Patrulla Fronteriza circulando
dentro de nuestra ciudad", dijo Aragón, quien el fin de semana participó
en un foro comunitario para conmemorar el Día Internacional de los
Derechos Humanos.

"Migra Patrol" agrupa a voluntarios que con
cámara en mano salen a las calles a documentar los casos de cooperación
entre la policía y los agentes federales en detenciones de inmigrantes
indocumentados en esta ciudad.

"Durante el mes de agosto, días
después que entró en vigor la SB1070, recibíamos por lo menos una
llamada todos los días reportando abusos policíacos y violaciones a
derechos civiles", recordó.

La SB1070 entró en vigor sin una
de las cláusulas más controvertidas, la que asigna facultades
migratorias -que es competencia de las autoridades federales- a la
policía local.

Añadió que aunque existen acuerdos, la
cooperación de agencias del orden con la Patrulla Fronteriza ha derivado
en el arresto y deportación de docenas de indocumentados y se presta
para prácticas de perfil racial.

Ambos activistas recalcaron
la importancia de seguir luchando en defensa de los derechos humanos y
de los inmigrantes no solo en Arizona, sino a nivel nacional e
internacional.

"No podemos permanecer inertes antes las más de
200 muertes de inmigrantes indocumentados que cada año se registran en
la frontera de Arizona", aseguró García.

Advirtió que a nivel
nacional existe un movimiento para negar la educación básica gratuita a
los hijos de indocumentados, así como para reformar la Enmienda 14 de la
Constitución de EE.UU que otorga la ciudadanía automática a quienes
nacen en el país sin importar el estatus de sus padres.