Es una estrella en ascenso en el Partido Demócrata que llegará lejos. Pero para comprender la forma en que el representante Joaquín Castro enfoca el tema de la inmigración, hay que olvidar su futuro y echar una buena mirada a su origen.

Es decir, San Antonio, ciudad donde Joaquín nació y de la que su hermano gemelo, Julián, es alcalde. Ambos son buenos amigos míos y lo han sido durante una década.

Estados Unidos pudo observar de cerca a los Castro durante la Convención Nacional Demócrata, en la que Julián pronunció el discurso central y donde Joaquín presentó a su hermano.

Un par de meses más tarde, Joaquín fue electo al Congreso.

Este congresista de 38 años trabaja en Washington, pero como lugar para estudiar la inmigración, San Antonio es de los mejores.

Hoy en día, el 63 por ciento de la población de la séptima ciudad de Estados Unidos por su tamaño es latino. Aún así, como sabe todo el que conozca San Antonio, no es una ciudad mexicana. Es una ciudad mexico-americana.

Si uno va a una barbería local, con una clientela mexico-americana, el mismo día en que los manifestantes latinos marchan por las ciudades de Estados Unidos agitando banderas mexicanas, y pregunta a la gente qué piensa, se llevará una sorpresa.

Muchos mexico-americanos aprecian la contribución de los inmigrantes, incluso la de aquellos que vinieron en forma ilegal. Sin embargo, como patriotas, muchos de los cuales han servido a su país en uniforme, no les gusta la actitud de tener derecho a algo que muestran algunos —no todos, sino algunos— inmigrantes ilegales cuando hacen sus pedidos. Es como si los inmigrantes pensaran que Estados Unidos les debe algo, cuando ellos son los que quebraron las reglas para llegar aquí.

"¿Cuál es el precio de quebrar la ley?" dijo Joaquín Castro en una entrevista reciente. "Eso es lo que tenemos que determinar."

El Congreso podría brindar, a los que se estima que son 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, un camino a una ciudadanía ganada. La discusión se centra en cuán difícil y larga será esa senda.

"El camino a la ciudadanía debe ser real," dijo Castro. "Pero si uno va al frente de la fila o al final de la fila no importa tanto como permitirles quedarse aquí legalmente".

Tiene razón. Los políticos quieren ciudadanos inmediatos porque eso significa votos. Pero lo más importante para la mayoría de los inmigrantes ilegales es poder permanecer en el país legalmente.

Castro desea ayudar a los así llamados DREAMers, es decir, los jóvenes a quienes sus padres trajeron al país de niños y quienes podrían haber alcanzado una categoría legal hace años, si la Ley DREAM no hubiera sido hundida en el Senado.

"He propuesto que el camino para los DREAMers sea más corto, quizás entre dos y tres años para obtener la ciudadanía, en lugar de los seis o siete años que podría llevar para todos los demás," dijo Castro.

Un grupo de senadores de ambos partidos también propuso un camino acelerado a la ciudadanía para los DREAMers. Tenía sentido, en los años en que había poca esperanza de lograr una reforma migratoria, entre 2002 y 2010, tratar a los DREAMers de manera diferente, ya que se los consideraba como el subgrupo con más posibilidades de obtener categoría legal. El barco se hundía y ellos eran los que colocábamos en los botes salvavidas.

Pero ahora nos dicen que la categoría legal para todos los indocumentados está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿por qué tratar a los DREAMers como si fueran especiales?

Para Castro, todo se reduce al hecho de que estos jóvenes fueron traídos al país involuntariamente.

"Nunca tomaron la decisión de quebrar la ley," dijo Castro, "cosa que no puede decirse con respecto a sus padres. Si el Congreso aprueba un camino rápido a la ciudadanía para los DREAMers, eso sería un reconocimiento del hecho de que esa gente vino al país en circunstancias diferentes. Algunos no tienen la culpa, otros sí."

Mi amigo está en lo correcto. Pero los DREAMers no lo ven de la misma manera y nunca lo harán. Para ellos, sus padres no quebraron la ley. No se merecen culpa alguna. Y sus hijos descargarán su furia sobre todo el que se atreva a decir lo contrario —incluso, irónicamente, sobre un congresal mexico-americano que está en su bando.

En el mundo que estos jóvenes sueñan, a todo inmigrante indocumentado debería brindársele una vía rápida a la ciudadanía.

Castro se centra en lo que piensa que es posible.

"En la política, uno existe en una cierta caja práctica," expresó. "Hay que trabajar dentro de ese marco. Si los colocamos a todos juntos, entonces quizás todos esperen seis o siete años para la ciudadanía. O quizás acabemos sin nada".

Correcto, una vez más. Castro deja que los demás sueñen. Él está despierto y aborda el debate de la inmigración con los ojos bien abiertos.