El 9 de junio, Reuters reportaba que más de 2.400 familias inmigrantes habían sido separadas en la frontera. Léalo de nuevo: más de 2.400 familias inmigrantes fueron separadas.

En una época en la que la política estadounidense inunda las redes con noticias devastadoras a un ritmo inalcanzable, estas circunstancias parecieran habernos hecho inmunes al dolor.

Después de que el Fiscal General Jeff Sessions anunciara la nueva política de “tolerancia cero” ante la inmigración indocumentada en el país, la inhumanidad parece estar a la orden del día.

Y si las instalaciones de detención ya se encontraban saturadas antes de esta nueva medida, los miles de familias que siguen cruzando la frontera han obligado al gobierno a improvisar centros de detención para los niños arrancados de los brazos de sus padres.

“Es como una prisión para niños”, describe David Leonhardt en su columna de opinión para el New York Times al hablar del centro de detención en Brownsville, Texas, donde 1.400 niños entre 10 y 17 años se encuentran aprisionados en un antiguo Walmart donde disponen de menos de 13 metros cuadrados.

“Pasan 22 horas al día dentro del antiguo Walmart y reciben dos horas al aire libre”, explica Leonhardt sobre el centro conocido como Casa Padre.

Este nuevo fenómeno ha redefinido las condiciones de aprisionamiento de individuos, donde el trauma y la desesperación se sufren a muy temprana edad.

“La política de enjuiciar criminalmente a todos los que cruzan la frontera ilegalmente está creando una nueva categoría de residentes en estos centros de detención”, explicó el Washington Post. “Niños y niñas que están lidiando con el trauma de ser separados inesperadamente de sus madres y padres.

Si bien el gobierno ha vendido la imagen de disponer de centros habilitados para acoger a niños menores de edad, los inspectores de salud del estado de Texas, por ejemplo, encontraron “aproximadamente 150 violaciones de salud en más de una decena de centros de acopio” en el estado, que incluyen “supervisión inadecuada, falta de asistencia médica adecuada y niños que reciben medicación a la que son alérgicos”, reportó el Houston Chronicle.

“Los albergues son administrados por el Southwest Key Programs que dirige 16 de los 35 alojamientos en Texas que tienen contrato con la oficina federal de reubicación de refugiados”, explica el medio.

Tan sólo durante el mes pasado, estos centros recibieron 2.600 niños.

Pero antes de ser recluidos en estos precarios centros, los niños son brutalmente separados de sus padres, dejando graves secuelas de trauma psicológico en la familia.

El gobierno ha argumentado que se trata de una medida para infringir miedo en las familias antes de que decidan emigrar sin documentos al país, restándole peso al verdadero efecto que las medidas tienen en suelo estadounidense.

"La cantidad de personas que intentan cruzar ilegalmente a este país está aumentando a un ritmo sorprendente", dijo Jessica Vaughn, del Centro de Estudios de Inmigración, un instituto de investigación sin fines de lucro que promueve un control de inmigración más estricto, a USA Today. "Cuando hay consecuencias significativas para la entrada ilegal, la gente piensa dos veces antes de hacerlo".

Pero para la mayoría de las familias, es más fuerte la amenaza de quedarse en sus países de origen que el riesgo de cruzar la frontera.

Durante mucho tiempo, el derecho a solicitar asilo era inamovible dentro de Estados Unidos, un país reconocido históricamente por su calidad de santuario para aquellos que huían de las peores guerras del mundo.

Gracias a las nuevas medidas del Departamento de Justicia, este es un derecho ahora caduco.

Las familias son aprehendidas, separadas y confinadas en sitios distantes. Si bien algunas madres logran entrar a centros de detención con sus hijos, los funcionarios les separan dentro de las celdas, incluso a veces argumentando que “les darán un baño a los niños”, y llevándoselos definitivamente mientras sus madres les escuchan gritar y llorar a través de la pared.

Así lo describió la representante de Washington Pramila Jayapal, quien logró visitar las instalaciones de una prisión federal el pasado día sábado cerca de Seattle, viendo de primera mano la experiencia de 170 mujeres inmigrantes, un tercio de las cuales habían “perdido a sus hijos durante la migración”.

“Entre el 30% y el 40% de estas mujeres vinieron con niños que les quitaron a la fuerza”, recontó Jayapal a The Nation. “Ninguno tuvo la oportunidad de despedirse de sus hijos, se los llevaron por la fuerza. Una dijo que la engañaron, porque estaban detenidas juntas. Luego, los oficiales le dijeron que debía a salir para que le tomaran una fotografía. Cuando volvió, la colocaron en una habitación diferente y nunca volvió a ver al niño. Algunos de ellos dijeron que podían escuchar a sus hijos gritar por ellos en la habitación contigua”.

A pesar de las denuncias de violación al derecho internacional por parte de las Naciones Unidas, el gobierno no ha hecho sino acelerar sus medidas, eliminando la violencia doméstica y pandillera como argumentos para obtener asilo, y diseñando nuevos mecanismos de persecución a través del sistema de solicitudes de inmigración.

Miembros hispanos del Congreso se han sumado a protestas civiles contra las medidas inhumanas del gobierno, pero las voces parecen seguir chocando contra la fría pared del racismo y la nueva segregación del gobierno de Donald Trump.