El representante estatal de Pensilvania, Daryl Metcalfe (R-Butler), presentó hoy en Harrisburg una “iniciativa basada en la ley de Arizona” que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y permite a la policía local y estatal verificar su estatus migratorio.

La iniciativa HB2479 también propone criminalizarlos en caso de que sean detenidos por una ofensa mínima como una violación de tráfico o si solicitan trabajo.

Metcalfe cuenta con el apoyo de los representantes estatales Tom
Creighton (R-Lancaster), John Galloway (D-Bucks), Scott Perry
(R-Cumberland/York) y Harry Readshaw (D-Allegheny).

Además, la HB2479 permitiría a los policías locales y estatales arrestar indocumentados por cualquier ofensa pública que “garantice su deportación”, o a aquellos que “trafiquen con extranjeros ilegales”, y autoriza a los oficiales a confiscar cualquier vehículo conducido por un indocumentado o “usado para transportar indocumentados”.

“El propósito de la legislación es ofrecerle dos opciones a los extranjeros ilegales que viven en Pensilvania: Que abandonen el estado o vayan a la cárcel”, dijo Metcalfe, quien agregó que dicha iniciativa “ayudaría a atrapar a los 140 mil inmigrantes ilegales estimados en Pensilvania que ocasionan un costo de $728 millones a los contribuyentes de impuestos”.

Por su parte, el senador estatal de Pensilvania, David Argall (R-Tamaqua) dijo que la 1070 de Arizona podría enfrentar un desafío constitucional; sin embargo, considera que en Pensilvania hay “apoyo considerable para hacer algo para apretar la política de inmigración”.

“Muchas personas creen que el gobierno federal ha fallado”, dijo Argall.

El líder de la mayoría del senado estatal, Todd Eachus (D-Butler), quien representa a Hazleton, dijo que una ley como la de Arizona podría aumentar la carga de trabajo de la policía en Pensilvania ya que no cuenta con suficiente personal.

¿Poder federal vs poder estatal?

Por su parte, el representante estatal, Daylin Leach (D-Delaware/Montgomery), anunció que presentará una iniciativa para asegurar la separación del estado y las leyes federales de inmigración.

“Si la gente está preocupada de que la policía trate de supervisar asuntos de inmigración, es menos probable que cooperen con los oficiales”, dijo Leach. “Por eso hay una entidad separada”.

La ley 1070 de Arizona permite a los policías locales verificar el estatus migratorio de cualquier persona bajo “sospecha razonable”, lo que Leach calificó como un estándar “mucho más bajo que la causa probable”, y dijo que podría llevar al perfil racial y al abuso.

“Aunque la raza, etnicidad o la percepción de la etnicidad no son el único criterio para determinar sospecha razonable, la ley 1070 obviamente llevará al perfil racial y a un disparatado trato de personas basado en si parecen o no inmigrantes ilegales”, dijo Leach.

La iniciativa de Leach estipula que ninguna agencia estatal o local de Pensilvania tiene obligación alguna o deber en la aplicación de las leyes de inmigración o la investigación del estatus migratorio de una persona.