Una de las características más marcadas de la Administración Trump – entre la infinidad que existe – es su constante batalla con Cortes Federales y Circuitos de Apelación en su intento por aplicar la ley de manera cada vez más “conservadora”.

Desde la decisión presidencial de vetar a inmigrantes provenientes de países de mayoría musulmana, hasta su último intento por restringir las solicitudes de asilo en la frontera con México, Donald Trump ha marcado la pauta en la capacidad de una Administración de pelear con dientes y uñas cuando de mantener una agenda ideológica se trata.

El presidente ha llegado incluso a demandar al Congreso con tal de que sus registros financieros no salgan a la luz pública.

Pero entre este maremoto de denuncias y demandas, hay dos asuntos clave que han llegado a las escalinatas de la Corte Suprema.

¿Recuerda cuando el presidente dijo que los soldados transgénero eran un “peligro” para las Fuerzas Armadas?

Bueno, la Administración Trump, que cuenta con un vicepresidente famoso por sus instancias homofóbicas, utilizó el vacío legal contemplado en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 - la sección que prohíbe a los empleadores “discriminar por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional” – para abiertamente discriminar a personas capacitadas por su identidad de género.

Esta interpretación del leguaje legal ha dado lugar a gran variedad de casos similares, donde individuos han sido despedidos o rechazados en sus lugares de trabajo por su orientación sexual, y tres de ellos han llegado a la Corte Suprema quien deberá tomar una decisión durante la sesión de otoño.

Gracias a varias disputas federales lideradas por activistas LGBTQ, la Corte Suprema anunció el día lunes que escuchará tres casos similares, uno de Nueva York, otro de Georgia y otro de Michigan, donde los dos primeros obtuvieron una sentencia previa que favorece la protección bajo la Ley de Derechos Civiles, según reportó el New York Times.

La decisión de la Corte pondrá fin a la disputa entre la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Administración Trump en un asunto que afecta a más de 2.2 millones de personas en el país.

Después de que el Departamento de Comercio anunciara el año pasado la reincorporación de la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020, organizaciones pro-inmigrantes a nivel nacional han impugnado la movida, que será debatida en la Corte Suprema este martes.

El efecto que tendría la incorporación de la pregunta en el proceso de conteo poblacional ha sido medido por varias investigaciones que, según explicó el Washington Post, han determinado que “la pregunta disuadirá a algunos residentes de Estados Unidos, especialmente a los inmigrantes, de responder al censo”.

Las encuestas demostraron que “solo el 35% de los inmigrantes y el 31% de los latinos confiaron en que la Administración Trump protegería esta información”, tal como aseguró el Secretario de Comercio Wilbur Ross hace algunos meses.

Un conteo impreciso en la población afectaría “dramáticamente” la representación política y el financiamiento federal a comunidades de mayoría inmigrante, acentuando así la división del país en cuanto a raza y oportunidades.

Es por ello que varias demandas presentadas por docenas de estados, ciudades y grupos activistas llevaron a sentencias federales previas que determinaron que “la decisión de Ross de incluir la pregunta violaba los procedimientos para agregar nuevas preguntas del censo bajo la ley administrativa”, explicó NPR.

La Corte Suprema deberá decidir y poner o no un límite a la capacidad de esta Administración de dividir y separar al país en base a su propia ideología.