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MATAMOROS, MÉXICO - DICIEMBRE 09: El solicitante de asilo hondureño, Christopher, de 6 años, está junto a su padre en el puente internacional de México a los Estados Unidos el 09 de diciembre de 2019 en la ciudad fronteriza de Matamoros, México. (Foto de John Moore/Getty Images)
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Mientras el país se distraía con las primarias a la nominación demócrata y el fin del impeachment del presidente Trump, su administración recrudecía las estrategias contra la comunidad inmigrante, en especial contra los solicitantes de asilo en la frontera sur.

Según reportó el Washington Post hace un par de semanas, un tribunal del norte de Virginia vio cómo un abogado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizó un informe médico en contra de la solicitud del adolescente inmigrante hondureño Kevin Euceda, quien ha estado bajo custodia durante más de dos años mientras apela su solicitud de asilo.

Un terapeuta de un refugio gubernamental para niños inmigrantes, que había asegurado a Kevin que sus sesiones serían confidenciales, había entregado a la agencia un informe que expone “historias de abuso físico, negligencia y afiliación a pandillas en su país de origen”, explica el Post.

“El niño no acompañado reporta haber sido testigo de torturas y asesinatos, incluyendo el desmembramiento de partes del cuerpo”, dice el informe.

Fue en ese momento que tanto Kevin como sus abogados se dieron cuenta que su propio recuento confidencial al terapeuta le habían seguido de refugio en refugio, haciendo el caso en su contra, y argumentando su detención y deportación.

“Este tipo de intercambio de información fue parte de una estrategia de administración de Trump que es técnicamente legal pero que las asociaciones de terapia profesional dicen que es una profunda violación de la confidencialidad del paciente,” explica el Post. “Para reforzar su política de refuerzo de la aplicación de la ley, la administración está exigiendo que las notas tomadas durante las sesiones de terapia obligatoria con niños inmigrantes se pasen al ICE, que puede entonces utilizar esos informes contra los menores en los tribunales.”

Esto incluye confesiones íntimas y traumas personales que los inmigrantes no han autorizado a difundir.

El protocolo de someter a los inmigrantes detenidos cruzando la frontera a una evaluación por parte de un terapeuta fue instaurado en 1997 por un acuerdo judicial que requiere que “los niños se reúnan con los consejeros dentro e las 72 horas después de entrar en custodia, y luego al menos una vez a la semana hasta su liberación.”

Si bien la intención era la de ofrecer consejo y apoyo a los niños para sobrellevar la detención, la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), bajo la dirección de Scott Lloyd, puso en práctica en el 2017 la separación de menores que confesaron a sus terapeutas haber tenido lazos con pandillas y así garantizar su detención.

Un año después, la ORR firmó un memorando de acuerdo formal con ICE para compartir los detalles de los niños y exponer “las sesiones semanales de consejería donde (los niños) podrían auto-revelar actividades criminales o de pandillas”.

El memorando incluía dos requisitos extra: “uno que los niños que llegan sean informados de que, aunque es esencial ser honesto con el personal, las divulgaciones voluntarias pueden afectar a su liberación y el otro que si un menor menciona algo que tenga que ver con pandillas o tráfico de drogas, los terapeutas presentarán un informe en un plazo de cuatro horas para ser entregado a la ICE en el plazo de un día.”

La semana pasada, 41 organizaciones nacionales de salud mental firmaron una carta conjunta entregada al Congreso que exigía audiencias de supervisión de la práctica, descrita por la Asociación Americana de Psicología como “espantosa violación de la privacidad” y “una violación de las normas éticas de salud ampliamente aceptadas”.

Asimismo, el senador Ron Wyden (D-Ore.) y la senadora Elizabeth Warren (D-Mass) escribieron al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y al ICE que “los niños vulnerables y traumatizados no pueden dar un consentimiento significativo”.

En respuesta al amplio rechazo, refugios como el de McAllen, Texas, impusieron que los terapeutas ya no digan a los niños que sus sesiones serán confidenciales, según dijo un portavoz al Post, y el terapeuta que firmó el informe utilizado contra Euceda ha renunciado al puesto.

El pasado miércoles, una coalición de representantes demócratas introdujo una legislación para suspender por completo el uso de la información confidencial.

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