La decisión de la Justicia chilena de investigar la muerte del presidente Salvador Allende
ha reabierto interrogantes no resueltas sobre los últimos momentos del
mandatario socialista que, según la versión más extendida hasta ahora,
se quitó la vida el 11 de septiembre de 1973.

Dirigentes
políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos
celebraron la iniciativa impulsada por la fiscal de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, mientras que el Gobierno de
derecha aseguró que respeta el inicio de las pesquisas.

"Respetamos todas las decisiones de los tribunales y como Gobierno
creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se
investiguen", indicó la portavoz del Ejecutivo, Ena Von Baer, en
declaraciones a los periodistas en Arica, en el norte del país.

En tanto, la senadora del Partido Socialista Isabel Allende sostuvo este jueves ser partidaria de que la Husticia esclarezca la muerte de su padre.

A través de un comunicado, Isabel Allende,
quien se encuentra en Palma de Mallorca, donde participa como jurado
del Premio Jovellanos "Resistencia y Libertad", afirmó que lo ocurrido
el 11 de septiembre de 1973 fue un "ataque premeditado de las Fuerzas
Armadas.

"Ellos conspiraron para derrocar al Presidente
constitucionalmente elegido, al atacar bombardeando la casa de Gobierno,
en el instante que se encontraban numerosas personas, incluyendo al
presidente Allende, su familia y varios de sus asesores", añadió.

Sostuvo que dicho acto buscaba, además de derrocar a las autoridades
legítimamente elegidas, "doblegar la voluntad del presidente, humillarlo
y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los
registros de las conversaciones de (Augusto) Pinochet con el resto de
los conspiradores".

El caso del mandatario de la Unidad
Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los
derechos humanos que fueron presentadas ayer por la fiscal Pedrals ante
el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del
Ministerio Público Judicial.

Las causas presentadas
corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos
durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) respecto de las cuales no
se habían abierto hasta ahora acciones judiciales.

La noticia fue bien recibida por el diputado Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista (PS), al cual pertenecía Allende, quien se mostró esperanzado en que esta investigación permita corregir el "déficit de verdad y justicia" que hay en Chile.

El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aseguró a Efe
que siempre fue partidario de la apertura de una investigación judicial
para dilucidar la muerte del ex mandatario.

La versión más difundida hasta ahora señala que Allende
se mató el 11 de septiembre de 1973, disparándose en la barbilla con un
fusil de asalto AK-47, de culata plegable, que le había regalado Fidel
Castro, mientras La Moneda (sede de Gobierno) ardía tras ser bombardeada
desde aire y tierra durante un golpe de Estado.

Tal
explicación ha sido aceptada incluso por familiares y el Partido
Socialista, tras décadas en que los cercanos al mandatario defendían la
versión de que había caído combatiendo, pero que a la larga se diluyó
tras testimonios directos de los médicos Patricio Guijón y José Quiroga,
colaboradores de Allende, en 1990.

Según han reiterado ambos en diversas ocasiones, a eso de las 13.50 hora local, Allende
ordenó a sus leales rendirse y todos formaron una fila que bajaba desde
el segundo piso hasta una puerta lateral de la sede gubernamental.

Allende
recorrió la fila de abajo hacia arriba, estrechó las manos de todos,
agradeció su lealtad y en seguida entró al salón 'Independencia', en el
ala noreste del segundo piso de La Moneda.

En ese momento,
relató el doctor Guijón, él regresó al segundo piso para llevarse como
recuerdo su máscara antigás y abrió la puerta del salón justo para ver a
Allende dispararse. Desde otro ángulo y también a través de una puerta abierta, el doctor Quiroga presenció la misma escena.

A favor de la tesis del homicidio existe un informe del experto
forense Luis Ravanal, que detectó anomalías en el análisis de la
autopsia de Allende,
hecho en su tiempo por el médico José Luis Vásquez, que no menciona,
por ejemplo, que el orificio de salida del proyectil no concuerda con el
arma utilizada, según explicó a Efe.

"Las características del
orificio de salida de la bala no son concordantes con un disparo de
arma de guerra, como se afirmó oficialmente", dijo el doctor, quien puso
su informe a disposición del juez Carroza, que investigará el caso.

El magistrado dijo hoy que encabezar la indagación de las 726
querellas es "responsabilidad tremenda", y añadió que en el marco de las
pericias pedirá informes al Servicio Médico Legal (SML), a la Vicaría
de la Solidaridad y al juez Juan Fuentes Belmar, que lleva el juicio por
los asesores de Allende detenidos en La Moneda que permanecen desaparecidos.