Un mes después de la masacre de Las Vegas, considerada la peor matanza perpetrada en suelo nacional tras dejar un saldo mortal de 58 muertos a manos del suicida Stephen Paddock, el país vuelve a vivir su trágica historia: un estadounidense enloquecido y armado hasta los dientes abre fuego contra sus hermanos.

Esta vez fue en Sutherland Springs, un pequeño pueblo de Texas donde viven poco más de 500 personas. El lugar, una iglesia bautista repleta de feligreses que a esa hora se encomendaban a dios para que los protegiera de todo mal y peligro.

El asesino fue un joven blanco de 26 años con historial de ser un tipo violento y problemático. Devin Patrick Kelley irrumpió en la iglesia armado con un rifle semiautomático –de esos que se consiguen a la vuelta de cualquier esquina–, y disparó indiscriminadamente asesinando a 27 personas, incluidos niños y adolescentes, y dejando herida a una veintena más. 

Sus razones jamás las sabremos; tampoco las necesitamos. Lo que sí necesitamos saber, o repetirnos porque ya lo sabemos, es por qué pasan estas cosas sin que nadie haga un esfuerzo significativo por ponerle punto final a estas tragedias.

El presidente se solidarizó de dientes para afuera con los familiares de las víctimas, pero no mencionó el meollo del asunto: el libre acceso a armas que cada ciudadano tiene gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución adoptada desde el 15 de diciembre de 1791.

Siempre, después del baño de sangre viene el debate por el control de armas y siempre sucede que el debate se olvida porque otra urgencia aparece a la vista: la amenaza terrorista, la amenaza inmigrante, la amenaza climática, la amenaza de los violentos –que nunca son "los nuestros", los blancos–.

Y el debate es eterno como eterno ha sido el problema. De acuerdo Gun Violence Archive, organización que se dedica a documentar y analizar hechos violentos relacionados con la posesión de armas en Estados Unidos, en lo que va del año se han registrado 308 mass shooting, lo que en español serían tiroteos masivos, que no necesariamente deben ser entendidos como masacres.

En esos hechos violentos –casi uno por día– 13.223 personas perdieron la vida.  

La omisión del presidente es un mensaje estruendoso para el resto del país: aquí, los perpetradores de las masacres son loquitos desadaptados cuyos casos merecen verse de forma aislada, jamás como parte de un todo o de un problema mayor y generalizado. Ese no es el asunto, dicen quienes pretenden tapar el sol con un dedo: desde el presidente hasta la Asociación Nacional del Rifle.

Mientras tanto, la pregunta de hoy es la misma pregunta de ayer y la de antier: ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas personas más tendrán que morir en una balacera para decir que murieron porque en Estados Unidos hay más armas que gente?

¿Cuántas masacres más tendrán que registrarse antes de que la Segunda Enmienda sea eliminada de una buena vez por todas?