Cuando la ciudad de Filadelfia puso fin al acuerdo a través del cual honraba las peticiones de ICE por mantener inmigrantes bajo custodia de la policía por un tiempo adicional para verificar su westatus migratorio, la decisión fue considerada una victoria por organizaciones locales de derechos civiles. 

Esto significó que los inmigrantes que estuvieran en contacto con la ley por algo tan simple como un chequeo de tráfico ya no estarían sujetas a escrutinio de su estatus migratorio ni a su posible deportación como muchos antes de ellos.

En los seis meses desde entonces, más de 200 localidades alrededor del país han adoptado medidas similares para limitar la interacción entre ICE y los departamentos locales de policía. 

Pero ahora las mismas organizaciones que presionaron por un fin a dicha colaboración están denunciando un cambio en las tácticas de ICE para continuar cumpliendo con su cuota de deportaciones. 

Ellos argumentan que ICE se ha estado volviendo cada vez más agresivo cuando se trata de expandir su alcance y ha llevado a cabo violaciones de derechos civiles en el proceso. Tienen motivos para creer que es así porque dicen que tienen información que viene de adentro. 

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado 16 de octubre la organización Juntos hizo públicas dos cartas que recibieron durante las últimas cinco semanas y las cuales parecen confirmar lo que la organización ha sospechado desde hace tiempo —que continúa habiendo colaboración entre ICE, la policía, y el sistema judicial en ciertas localidades de Pensilvania. 

“Les escribo desde la oficina de inmigración de Filadelfia en el 1600 de la calle Callowhill”, lee una de las cartas enviadas al American Immigration Lawyers Association en Washington D.C. 

La carta continúa para reportar que un supervisor de ICE llevó a cabo una operación conjunta con la policía “para limpiar a la poblción ilegal mexicana” en Norristown, una localidad 20 millas al noroeste de Filadelfia. 

“Se suponía que la operación estaba enfocada solo en los mexicanos que tuvieran un récord criminal pero la operación resulto en el arresto de algunos de los pasajeros de los carros por parte de inmigración”, lee la carta”. 

Otra carta denuncia la colaboración entre ICE y cárceles en los condados Montgomery, Chester y Bucks.

Esta argumenta que cada vez que una persona con un nombre extranjero, particularmente latino, es liberada de cárceles en dichos condados inmigración recibe una llamada— con dos horas de anticipación. 

“Conforme van saliendo, inmigración los arresta. Todo mundo en las cárceles lo sabe y por eso no quieren ni pagar su fianza, porque tienen miedo”, lee la carta. “Hay personas cuyos casos fueron desestimados y aun así le llaman a inmigración y son arrestados camino a casa”.

Thomas Decker, director de la oficina local de ICE, fue invitado a la conferencia de prensa pero no asistió.

Pilar Molina, miembro de Juntos no escatimó en enviarle un duro mensaje a ICE.

“Sus tácticas sin escrúpulos no serán toleradas en nuestras comunidades. Las prácticas que se basan en gran parte en el perfil racial dañan a nuestras familias y deben terminar”, dijo Molina. “No nos detendremos hasta que salgan de nuestras comunidades y nuestras familias estén a salvo”.

Las denuncias sobre las tácticas de ICE se llevan a cabo conforme la comunidad inmigrante continúa a la espera de que el presidente Barack Obama expida una orden ejecutiva para hacer frente a la situación de algunos inmigrantes indocumentados en la nación, una medida que originalmente tomaría lugar a finales de este verano, pero que fue pospuesta hasta después de las elecciones. 

“A nuestra comunidad le han pedido esperar a que el presidente Obama actúe para dar un alivio a la deportación hasta que el panorama político sea el correcto”, dijo Erika Almirón, directora de Juntos. “Mientras tanto, los agentes de ICE están dañando la confianza entre las comunidades y los gobiernos locales con nuevas tácticas que violan nuestros derechos civiles y humanos”.