Activistas pro inmigrantes, líderes
religiosos y políticos celebraron la presentación de un proyecto de
ley en la legislatura municipal de Nueva York que busca poner fin a la
colaboración del Departamento de Corrección con la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE).

"Lo que dice el proyecto es que
el Departamento de Corrección, que es una agencia municipal y tiene
jurisdicción sobre la cárcel Riker's Island, no puede retener personas
que no han sido convictas de ningún delito" y sin récord criminal ni
usar fondos públicos para esa acción, dijo la concejal Melissa
Mark-Viverito, coautora del proyecto, de la autoría de la presidenta del
Concejo, Christine Quinn.

"Presentamos el proyecto con el
apoyo de 35 firmas" de concejales, y es la primera ciudad en hacerlo,
dijo complacida la legisladora municipal, que representa a El Barrio
latino de Harlem, en Manhattan.

Los agentes de ICE han estado
presentes al menos durante veinte años en Riker's, donde tienen acceso a
los expedientes de los detenidos, una colaboración que se estima cuesta
unos 50 millones de dólares a la ciudad cada año y que ha llevado a que
cientos de inmigrantes hayan sido deportados.

"Eso estará
prohibido, será ley de la ciudad", afirmó Mark-Viverito y agregó que
espera que las audiencias públicas comiencen en dos meses.

La
legisladora recordó que en 2009, y como resultado de esa cooperación,
más de 3.000 inmigrantes fueron deportados tras ser detenidos en Riker's
Island.

Para Javier Valdés, de la organización pro inmigrante
"Se Hace Camino Nueva York", la propuesta de ley hace justicia a una
comunidad que conforma el 40 por ciento de la población y una parte
importante del motor que mueve la economía.

"Aplaudo el
liderazgo de Quinn de hacer la ciudad un lugar seguro para inmigrantes
que le llaman su hogar. No podemos continuar teniendo a los agentes de
Inmigración en Riker's y en nuestras cárceles trabajando con agencias
del orden locales para identificar y deportar a cualquier emigrante que
esté detenido allí, incluso aquellos declarados inocentes", dijo por su
parte el senador estatal Gustavo Rivera del condado de El Bronx, de
mayoría latina.

Mientras que su homólogo Francisco Moya, de
origen ecuatoriano y que representa a Queens, el condado de mayor
diversidad étnica de la nación, señaló que toda persona inocente debe
ser tratada con justicia sin importar su estatus migratorio.

Los líderes religiosos también dejaron escuchar su voz, entre éstos el
reverendo Omar Almonte, de la iglesia Central Bautista en Brooklyn,
quien considera que la cooperación entre ICE y Corrección pone en
peligro la "frágil relación" entre las comunidades inmigrantes y las
autoridades de la ciudad.

"Como pastor, veo el miedo que existe en mi comunidad como resultado de esa cooperación", sostuvo.