La fiscal general de Colombia, Viviane
Morales, renunció este viernes de manera irrevocable con una vehemente defensa de
los resultados de su tarea frente a los "más grandes casos de
corrupción" en el país, con varios de los cuales están implicados
cercanos colaboradores del expresidente Álvaro Uribe.

La
jurista sostuvo que se aparta cuando "todos los protagonistas (de estos
hechos de corrupción) han sido acusados por la Fiscalía y tienen medidas
de aseguramiento (de detención preventiva)".

"Hoy (...) dejo
constancia histórica de que la Fiscalía ha hecho las imputaciones por
los más graves casos de corrupción y los imputados están presos o
huyendo", subrayó al despedirse de sus subalternos en la sede central
del organismo, en el oeste de Bogotá.

Morales anunció y
formalizó su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la
decisión del Consejo de Estado de anular su elección, lo que la hizo la
primera mujer en ejercer como titular de la Fiscalía General en
Colombia.

El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo
contencioso administrativo en el país, informó el pasado martes que
declaraba nula la elección de esta jurista por considerar que la CSJ se
había equivocado al interpretar el quórum necesario para la adopción de
sus decisiones.

El Supremo la había designado en diciembre de
2010 tras una interinidad de más de un año en el ente judicial, cuyo
titular es escogido de una terna que presenta el jefe del Estado.

En su caso, ella había sido propuesta por el presidente Juan Manuel
Santos, cuyo antecesor, Uribe (2002-2010), no pudo lograr que los
magistrados de la CSJ, con los que mantuvo tensas relaciones, eligieran
fiscal de una terna que les recompuso varias veces ante el rechazo de
alguno de sus candidatos.

Santos, que había sugerido la
posibilidad de integrarla a una nueva terna, lamentó desde Cartagena
(norte) su decisión por considerar que ella había ejercido el cargo "con
gran dignidad, con gran eficiencia, con gran transparencia, con un gran
carácter".

Ante ello, el gobernante anunció que pondrá en
funciones como fiscal interino al vicefiscal Wilson Alejandro Martínez,
para que no se afecte la lucha compartida contra el crimen y la
corrupción.

La fiscal dimisionaria recordó haberse
comprometido públicamente, al asumir ante Santos, "a dar resultados
frente a los más grandes casos de corrupción".

La jurista,
excongresista de origen liberal, recibió el cargo con escandalosos
hechos de corrupción que implicaban a excolaboradores de Uribe, varios
de los cuales están presos, uno de ellos asilado y otro, al parecer,
bajo protección en el exterior.

Uno de los casos de mayor
relevancia y resonancia tiene relación con una trama de escuchas y
seguimientos ilegales, por parte de la central de inteligencia, a
magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Por estos hechos fueron procesados, entre otros, María del Pilar
Hurtado, antigua directora de la central asilada en Panamá desde
noviembre de 2010, y Bernardo Moreno, exsecretario general de Uribe
preso desde mediados del año pasado y pendiente de juicio.

Otros casos de relieve tienen como implicados el exministro de
Agricultura Andrés Felipe Arias, investigado por la entrega irregular de
subsidios agrícolas, y el excomisionado para la Paz Luis Carlos
Restrepo, procesado por una supuesta falsa desmovilización de rebeldes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Arias está preso desde julio pasado en una guarnición militar y su
juicio deberá comenzar el lunes próximo, en tanto que Restrepo salió del
país a comienzos de enero pasado con destino Washington y, según
fuentes de su entorno, recibió "protección" en el exterior.

"En mi gestión no hubo intocables", aseguró la dimisionaria antes de
denunciar que "en los procesos más graves ha habido dilaciones y
aplazamientos inexplicables que nada han tenido que ver con la Fiscalía"
y que se conjugaron con una "escalada de ataques perversos e inhumanos"
de periodistas y medios que buscaban que renunciara.

Es una
alusión a las críticas que ha recibido, sobre todo por su matrimonio con
Carlos Alonso Lucio, polémico exrebelde y exlegislador con quien es
fiel de una iglesia cristiana.

Morales dijo que no cedió a las
presiones y que es solo la decisión del Consejo de Estado, que
significa el "debilitamiento institucional" de su tarea, lo que le
impide que pueda actuar en los juicios que vienen y cuya gravedad no
admite la presencia de una fiscal interina.

"El poder de mis
contrincantes y la perversidad de sus aliados en algunos medios de
comunicación exigen un fiscal en el ejercicio pleno de sus
atribuciones", reconoció Morales antes de anunciar que renunciaba ante
el tribunal que la había elegido.