Una multitud de más de 50 personas representando a varios grupos de derechos de inmigrantes protestaron  en City Hall el 16 de noviembre, contra el plan del alcalde Michael Nutter de modificar la orden ejecutiva de “ciudad santuario” en Filadelfia.

Dicha orden ejecutiva, firmada hace 18 meses, prohíbe a oficiales de la policía local cooperar con oficiales federales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la mayoría de los casos en que una persona indocumentada ha sido detenida.
Erika Almiron, directora de Juntos, un grupo proinmigrante con sede en el Sur de Filadelfia, fue una de las principales defensora de la orden ejecutiva desde el inicio. Durante la manifestación habló sobre la larga lucha que tuvo con el gobierno de Nutter “para separar a un sistema mortífero de inmigración y deportación del departamento de la policía”. Ahora, Almirón siente que su comunidad ha sido traicionada en el último momento.

“Por maniobras políticas y para avanzar sus propias carreras políticas, la administración está dispuesta a vender a nuestra comunidad”, dijo Almirón. “Y lo que estamos diciendo es ya no más”. 

Pancartas y letreros portados por los manifestantes condenaban abiertamente la deportación (“¿A quién deportaría Jesús?”) y al alcalde mismo (“Nutter, elije a las familias sobre la política”). Varios oradores hablaron negativamente sobre las supuestas motivaciones políticas detrás del cambio en la orden ejecutiva.

La noticia fue revelada el 12 de noviembre durante una reunión a puerta cerrada.

Las nuevas provisiones en la orden ejecutiva supuestamente permitirían la cooperación entre oficiales locales y federales, únicamente en los casos de personas indocumentadas acusadas de asesinato, violación, robo, violencia familiar, posesión ilegal de un arma de fuego o actividad “terrorista”. No hubo mención de personas que se consideran como “una amenaza a la seguridad pública”, según varias fuentes, y el lenguaje era poco claro.

Muchos de los que asistieron salieron de la reunión frustrados y con incertidumbre, emociones que se manifestaron durante la protesta del lunes pasado.

Cuatro días después, los detalles aún son escasos. Incluso lo que se divulgó en la reunión privada sigue en disputa.

El secretario de prensa de Nutter, Mark McDonald, declaró por teléfono, que el objetivo de la reunión era hablar sobre cambios “menores” en la orden ejecutiva.

McDonald agregó que no tenía conocimiento de la protesta que se llevó a cabo frente a City Hall, la cual involucró a por lo menos una docena de personas que participaron en la reunión del jueves.

“Les preguntamos específicamente que si deseaban presentar un comentario escrito, que lo hicieran”, dijo McDonald. “El propósito (de la reunión) era para solicitar información”.

Quienes asistieron a la reunión declararon a AL DÍA que los cambios repentinos fueron una “decisión de trato urgente” que llegaba del Departamento de Seguridad Nacional. También que dichos cambios no se iban a someter a audiencia pública como ocurrió con la orden ejecutiva original.

También se sintieron confundidos por el lenguaje de los cambios propuestos, especialmente con respecto a las implicaciones judiciales de ciertos términos como “terrorismo” y “seguridad pública”. El gobierno municipal de Nutter prometió una versión preliminar escrita pronto, pero a partir de la tarde del lunes, nadie del gobierno local podía confirmar cuándo se publicaría.

Otros de los presentes durante la manifestación incluyeron a la concejal de Distrito Siete María Quiñones-Sánchez, la Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania (PICC), un representante de Arab-American Community Development Cooperation, y “One Love”, un grupo de  derechos de inmigrantes estadounidense-camboyano.