El miércoles 8 de diciembre, la Oficina del Censo anunció que el número de comunidades obligadas por ley a ayudar a votar a las personas que no dominan el inglés aumentó a 331 este año. 

El aumento refleja en gran medida el mayor número de hispanos en las comunidades de todo el país que tienen derecho a votar, pero que no dominan el inglés. 

La Oficina del Censo publicó su lista nacional de estados, condados y comunidades en los que la población de votantes con derecho a voto que no dominan el inglés es lo suficientemente grande como para solicitar la protección de la Ley Federal de Derecho al Voto, que exige ayuda lingüística para esos votantes. 

Un total de 24.244.810 ciudadanos en edad de votar viven en las comunidades, lo que supone un aumento del 22,3% respecto a 2016. La mayoría -unos 20,4 millones- son latinos, 3,6 millones son asiático-americanos y 236.942 son indios americanos y nativos de Alaska, dijo la Oficina del Censo. 

La asistencia lingüística puede significar la provisión de papeletas bilingües o en varios idiomas, así como la publicación de formularios de registro de votantes, instrucciones u otros formularios en los idiomas de los grupos destacados de la comunidad o el condado. 

La ley dice que todos los materiales que las jurisdicciones proporcionan en inglés deben proporcionarse también en la lengua del grupo especificado que no domina el inglés. 

El número de este año incluye 68 comunidades más. Massachusetts es el estado que más comunidades ha añadido a la lista, pasando de 12 a 19. 

Seis son comunidades con más votantes hispanos, en Clinton, Everett, Fitchburg, Leominster, Methuen y Salem. La ciudad de Randolph tiene más votantes de origen vietnamita que necesitan ayuda lingüística para votar. 

En Arizona, las comunidades que deben ofrecer ayuda lingüística a las poblaciones de indios americanos/nativos de Alaska aumentaron de seis a once, y Minnesota añadió su primera comunidad asiática en la que debe proporcionar ayuda lingüística.

Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados, un grupo bipartidista que trabaja para garantizar la participación de los latinos en el gobierno y en los cargos públicos, dijo a NBC News que las cifras pueden reflejar la migración de las poblaciones, las naturalizaciones y el número de personas que alcanzan la edad de votar. 

"La incapacidad de hablar o leer en inglés no puede ser una barrera para el derecho más preciado de un ciudadano estadounidense, el derecho al voto", dijo Vargas. 

El requisito de saber leer y escribir en inglés se utilizó originalmente para impedir que los negros pudieran votar. La ley prohibía a los esclavizados alfabetizarse, por lo que los exámenes de alfabetización impidieron a muchos votar después de la emancipación.

Las leyes de Jim Crow y la desigualdad en la educación siguieron impidiendo que la gente de color votara.

La Ley de Derecho al Voto incluye una disposición que protege el derecho al voto de las "minorías lingüísticas". Vargas citó el ejemplo de los puertorriqueños para dejar esto más claro.

Un puertorriqueño que se traslada al territorio continental de Estados Unidos y no domina el inglés "es un ciudadano estadounidense de pleno derecho y debe tener acceso libre y completo a la papeleta de voto", dijo Vargas. 

Las jurisdicciones se determinan sobre la base de los datos de cinco años de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de los hogares de EE.UU., que recoge las características de la población de EE.UU., incluidos los datos de ciudadanía y el dominio del inglés.