Autoridades de Georgia nombraron a los
miembros de un panel que tiene como objetivo castigar a los funcionarios
estatales y locales que violen la nueva ley migratoria HB 87.

El gobernador Natan Deal apuntó a Shawn Hanley, excandidato a la
presidencia del Partido Republicano en Georgia; Phil Kent, vocero de la
organización Americans for Immigration Control, que aboga por restringir
la inmigración ilegal y a Ben Vinson, abogado y consejero de la mayoría
republicana en el Legislativo estatal.

El Concejo de Revisión
del Cumplimiento de la Ley de Inmigración está contemplado dentro del
marco de la HB 87, que entró en vigor el 1 de julio, y tendrá la
autoridad de investigar quejas hechas contra autoridades de una ciudad,
condado o el estado.

De acuerdo con el gobernador Deal, que
anunció  los nombramientos a través de su página de Internet, el
panel se reunirá al menos una vez cada tres meses y lo hará por primera
vez este primero de octubre.

Por su parte, el vicegobernador
Casey Cagle nombró para formar parte del panel a Boyd Austin, alcalde de
Dallas, Georgia y a Mike Yeager, alguacil del condado de Coweta.

El presidente de la Cámara de Representantes de Georgia, David
Ralston, que también tenía potestad para nombrar a dos miembros del
concejo, designó a Terry Clark, comisionado del condado de Colquitt y al
abogado y exrepresentante estatal, Robert Mumford.

El panel
podrá realizar audiencias y citaciones, adoptar regulaciones y
establecer castigos y multas de hasta 5.000 dólares a quienes incumplan
la ley.

Las agencias estatales que incumplan con la nueva ley o
que no exijan la presentación de ciertos documentos a quienes soliciten
beneficios públicos podrían perder fondos.

El panel tendrá la
autoridad para investigar a los gobiernos locales que creen
"santuarios" para los inmigrantes indocumentados al no reportarlos ante
las autoridades correspondientes.

Organizaciones civiles han
criticado la creación del panel, que consideran creará un ambiente de
"cacería de brujas" en el estado.

La HB 87 entró en vigor sin
la implementación de dos de las provisiones más controvertidas de la
medida, una que permitía a las autoridades locales verificar el estatus
migratorio de quienes no pudieran proporcionar una identificación válida
y otra que buscaba penalizar a quienes transportaran o albergaran a
inmigrantes.