(Barcelona) Empieza una semana difícil para Catalunya, la rica región industrial del noreste de España cuya capital es Barcelona. El sábado, el Consejo de Ministros, presidido por el primer ministro Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular (PP), decidió aprobar por primera vez en la historia de la democracia española el artículo 155 de la Constitución, una medida que permite suspender de facto los poderes de autonomía de Catalunya.

Esta medida “castigadora”, propuesta por el PP, con el apoyo de los Socialistas (PSOE), el otro gran partido estatal español, ha sido tomada en respuesta al desafío separatista del gobierno catalán iniciado hace un mes y medio. Aunque no se aplicará la versión entera del artículo 155,  el paquete de medidas no es para nada “ligero”: ordena la suspensión del gobierno, incluido su presidente, y el parlamento catalán, los Mossos (la policía regional) así como la  intervención de Hacienda y la Televisión Pública, que quedaran bajo tutela del gobierno central durante al menos seis meses, o hasta que se convoquen elecciones regionales.

El primer ministro Rajoy insistió que las elecciones regionales deberían convocarse “cuanto antes” para reestablecer el orden institucional en Catalunya y controlar la posible inestabilidad socio-económica que ha creado el proceso separatista iniciado por el gobierno catalán de forma unilateral, y que Madrid (con el respaldo de la Unión Europea) considera totalmente fuera de la ley.

Catalunya ha sido gobernada por un gobierno y un parlamento de mayoría separatista desde noviembre de 2015. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha impulsado desde entonces una política encaminada a conseguir la independencia, alegando principalmente la desequilibrada relación económica y fiscal entre Catalunya y Madrid. (la idea básica es que en proporción a lo que contribuye fiscalmente, recibe menos inversión estatal que el resto de regiones).

 El gobierno catalán lleva diez años peleando para conseguir un Estatuto - ley que regula la relación territorial con Madrid, - que le permita tener más autonomía fiscal y mayor poder regional, tal y como tienen otras comunidades autónomas como Navarra y el País Vasco.

No obstante, Madrid se ha opuesto continuadamente a las peticiones de Catalunya, incluso atreviéndose a recortar el Estatut que los catalanes ya habían votado en referéndum en 2006, y que había sido aprobado por el Parlamento regional y las Cortes españolas.

El hecho de que Madrid haya hecho oído sordos a las peticiones de los catalanes ha servido de estimulador del independentismo, especialmente desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional dictó la sentencia que declaraba “inconstitucionales” algunos de los artículos del Estatuto.

El crecimiento del fenómeno independentista, espoleado tanto por los gobernantes como por las plataformas ciudadanas ANC y Omnium, desencadenó en manifestaciones pacíficas cada vez mayores. Desde hace seis años, coincidiendo con el Día Nacional de Catalunya, 11 de septiembre, decenas de miles de catalanes salen a la calle para exigir un referéndum legal de independencia, a lo que Madrid continuó haciendo oídos sordos bajo la premisa de que un referéndum de autodeterminación es “inconstitucional”.

Tras las elecciones de 2015 y la consolidación de un gobierno regional de mayoría separatista, el actual presidente Carles Puigdemont decidió “tirarse a la piscina” en solitario en la vía hacia la independencia.

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017, en dos sesiones parlamentarias maratonianas que duraron hasta altas horas de la noche,  el parlamento catalán aprobó dos leyes polémicas: la “Ley del Referendum” – que convocaba a un referéndum de independencia el día 1 de octubre de 2017 - y la “Ley de Transitoriedad” – que implicaba la declaración unilateral de independencia (DUI) 48 horas después del referendum, en caso de que ganase el sí. Acto seguido, ambas leyes fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional español.

A pesar de la supuesta ilegalidad, el polémico referéndum del 1-0 se llevó a cabo, aunque en condiciones muy complejas, casi de película de ciencia ficción. El gobierno estatal de Mariano Rajoy hizo todo lo posible para detenerlo, ordenando el desplazamiento de centenares de policías a precintar escuelas electorales y confiscar urnas, que el gobierno catalán – con la ayuda de las plataformas ciudadanas – mantuvo escondidas durante las semanas anteriores.    

Por otro lado, los ciudadanos ocuparon los colegios durante los días anteriores para evitar que fueran cerrados. En algunos colegios, lamentablemente, la policía española no tuvo reparo en cargar de forma violenta contra los votantes que protegían las escuelas. Más de 900 personas resultaron heridas en las cargas policiales del 1-O, según cifras del gobierno catalán. Madrid niega que la policía nacional hiciera uso desproporcionado de la violencia ese día, pero las fotografías de los antidisturbios cargando con porras contra los votantes pacíficos dieron la vuelta al mundo, ensuciando la imagen de España.

El 20 de septiembre, diez días antes del polémico referéndum, Madrid había ordenado además el registro de diversas oficinas gubernamentales del gobierno catalán y la detención de una decena de funcionarios públicos por presunta vinculación en la organización del referéndum. ANC y Omnium, las dos principales organizaciones civiles independentistas  llamaron a la gente a manifestarte delante de las oficinas donde los agentes llevaban a cabo la orden, lo que impidió que pudieran salir hasta la madrugada.

Aunque fueron manifestaciones pacíficas (exceptuando el destrozo de los coches patrulla), la Fiscalía del estado denunció a los líderes de las dos organizaciones por delito de sedición y haber bloqueado la ejecución de una orden judicial. Ambos líderes fueron detenidos y encarcelados de forma preventiva la semana pasada por orden de una juez de la Audiencia Nacional. En Catalunya, los dos líderes – Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- han sido considerados “presos políticos” y miles de manifestantes han salido a la calle en los últimos días para pedir su liberación bajo la consigna #llibertatjordis. Amnistía Internacional ha pedido la liberación inmediata de los dos Jordis por considerar exagerado el delito de sedición.

Está por ver qué ocurre cuando los dos Jordis sean juzgados. De momento, están en cárcel preventiva porque la juez consideró que había riesgo de fuga. El  jefe mayor de los Mossos, la policía nacional catalana, también está acusado por delito de sedición, pero fue puesto en libertad bajo fianza.

La semana entrante, pues, será tensa. El sábado por la noche, pocas horas después de la comparecencia de Rajoy para anunciar las medidas acordadas del artículo 155,  el presidente Puigdemont dio un dicurso televisado en catalán, castellano e inglés tildando la decisión del gobierno español del peor  “ataque” a la democracia desde los tiempos del dictador Franco (que murió en 1975).  Horas antes, cerca de 450,000 se manifestaron en el centro de Barcelona en contra del artículo 155 y para exigir la liberación de los dos Jordis.

Aunque los resultados del polémico referéndum dan la victoria al sí en un 90% (con un 42% de participación, unos 2,3 millones de personas) el gobierno catalán NO había proclamado aún la independencia unilateral (DUI), sino que en los últimos días se había limitado a dejarla en suspensión para pedir diálogo con Madrid. En respuesta, el gobierno de Rajoy se niega a dialogar con un gobierno "chantajista". 

A pesar de no haberse producido la DUI, la simple posibilidad de que puidera llevarse a cabo ha disparado los riesgos de inestabilidad económica: centenares de empresas han trasladado su sede social fuera de Catalunya y las reservas turísticas en Barcelona han caído en más de un 20%.

En su dicurso, Puigdemont anunció que convocaría esta semana una sesión extraordinaria del Parlamento catalán paras someter a debate la situación y tomar decisiones pertinentes antes de que el Senado apruebe este viernes la aplicación del artículo 155. Sobre la mesa tiene varias opciones: declarar la independencia, acudir al Senado a fin de defender en primera persona la posición de la Generalitat – que siempre ha pedido diálogo - o convocar él mismo elecciones regionales. La autonomía de Catalunya, y también la estabilidad económica y social de la región en los próximos meses, está en sus manos.